Consejo de Estado dejó en firme suspensión provisional de venta de Isagén

La Sección Cuarta resolvió el recurso de súplica presentado por el Gobierno, representado en los Ministerio de Hacienda y Minas.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el recurso de súplica presentado por el Gobierno en contra de la decisión del pasado 14 de mayo en la cual el tribunal de lo contencioso administrativo suspendió provisionalmente la venta del 57% de las acciones del Estado de Isagén, mientras se resuelven de fondo las acciones judiciales presentadas.

En el recurso radicado el pasado 21 de mayo, los Ministerios de Hacienda y Minas solicitaron revocar la decisión del alto tribunal que consideró que se debía proteger el interés público, hecho por el cual suspendió el proceso de venta de las acciones mientras se toma una decisión de fondo en las demandas presentadas. (Ver Y sin Isagen, ¿ahora qué?)

"Honorables magistrados, ruego a usted se sirvan revocar la suspensión temporal en la venta de Isagén, puesto que no hay ni un solo elemento de juicio, ni legal, ni fáctico que permitan dilucidar que la misma resulta procedente, en efecto, de la demanda no surge de manera alguna, cuál pueda ser la hipotética urgencia de la medida ya que el auto sólo expresa que supuestamente resultaría más gravoso para el interés público ni el perjuicio irremediable", precisa uno de los apartes.

En este sentido indicó que “de los ‘hechos’ narrados por el actos en el libelo no surge, ni siquiera hipotéticamente, un perjuicio irremediable. No existe un análisis completo de por qué resultaría más gravoso para el interés público ya que el auto recurrido sólo establece la eventualidad de posibles indemnizaciones futuras de terceros compradores si se reversa el proceso de venta, ahora bien no se tuvo en cuenta a aquello que ya hayan adquirido acciones en las condiciones especiales y derechos especiales”.

Además se considera que “no se encuentra dentro del auto recurrido un análisis de fondo del cumplimiento de los requisitos para su adopción y se tomaron argumentos de la eventual vulneración al criterio de sostenibilidad fiscal y al presunto incumplimiento de la normatividad presupuestal lo cual es objeto de discusión del presente proceso y sólo deben ser considerados o no en la sentencia. El auto recurrido no contiene pronunciamiento juicioso sobre la razonabilidad, conducencia y pertinencia de la medida y se apoya en eventualidades sin sustento factico alguno”.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por el vicepresidente de demanda fue presentada por el presidente de Sintaisagen, Helber Castaño, quien argumentó que el Estado no puede no vender las acciones, o que si se toma la decisíón de hcerlo estas deben ser a la comunidad en general.

Recientemente el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, aseguró que los tres inversionistas estratégicos GDF SUEZ (Francia), Colbún (Chile) y Brookfield (Canadá), habían presentado las garantías de seriedad para hacerse con el 57,61% de la electrificadora.

Este instrumento que ya había sido utilizado para evitar el proceso de enajenación de este activo – que según la Contraloría podría estar valorado entre $4,7 billones y $9,3 billones, recursos que serían destinados para la financiación de las vías de cuarta generación – había sido suspendido en marzo de 2014.

Diferentes sectores políticos se habían opuesto a que se vendiera la participación de la Nación argumentando que se trata de un bien estratégico para atender la demanda energética del país a largo plazo, además de que siendo la segunda generadora de energía ofrece ingresos por cerca de $424 mil millones anuales, dinero que, dice José Roberto Acosta, dejaría de hacer parte del presupuesto nacional.