Consejo de Estado enmienda error cometido en caso del fiscal Barbosa

Dos estudiantes de Derecho la Universidad Nacional demandaron la elección de Francisco Barbosa, porque iría en contra del concepto de pesos y contrapesos de la Constitución / Archivo El Espectador.

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La magistrada Roció Araujo Oñate, de la sección quinta del Consejo de Estado, sorprendió el pasado 7 de diciembre tomando una decisión que no le correspondía, durante el proceso que busca la nulidad en la elección de Francisco Barbosa como fiscal general. La togada subió al sistema público de la institución un auto en el cual ordenaba que el expediente quedase en manos de la Sala Plena de la alta corte, compuesta por 27 magistrados por importancia jurídica. No obstante ese documento apenas era un borrador de trabajo y no algo que hubiera sido estudiada en Sala Plena. Hoy 14 de noviembre, el Consejo de Estado corrigió el error.

Tras una semana, la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, a quien le correspondió el estudio del caso del fiscal Barbosa, tomó acciones en el asunto y resolvió bajar del sistema oficial ese documento borrador que, por motivos desconocidos, fue notificado a las partes del proceso como si se tratara de una decisión en firme. Lo cierto es que solo la magistrada Bermúdez, a quien le fue sorteado el caso, es la que debe resolver la petición de la magistrada Araújo para que el caso sea enviado a la Sala Plena. Bermúdez deberá estudiar la petición, elaborar una ponencia de respuesta y llevara a la Sala Plena para que allí se tome la decisión.

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Como reveló El Espectador, este caso ha dejado varias preguntas al aire que hoy siguen sin ser resueltas. Por ejemplo, si la magistrada Araújo no era la ponente del caso, ¿por qué ella misma se respondió a su solicitud que hizo para el caso pasara a la Sala Plena? La propia magistrada Lucy Bermúdez dejó ver su sorpresa sobre este episodio en auto expedido este lunes que ordenó retirar el documento: “A pesar del aspecto o apariencia que guarda el mencionado papel electrónico, se advierte que no se trata de una providencia, ni siquiera de un proyecto, sino de un documento de trabajo de la autoría de la togada Rocío Araújo Oñate que se circuló con la intención de ser “discutido” en Sala, que por razones que la suscrita magistrada ponente desconoce, se allegó al plenario”.

Bermúdez insistió en que ese documento no produce ningún efecto jurídico por varias razones: “principalmente, porque no es una decisión ni se trata de una ponencia porque no es presentada por la única que puede hacerlo que es la magistrada ponente; durante la semana que transcurrió no se celebró sesión alguna de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; el archivo en cuestión carece totalmente de firmas”.

Igualmente, la magistrada Bermúdez indicó que ese documento “no constituye una pieza procesal que deba obrar en el plenario, al tratarse de un documento de trabajo, borrador o proyecto ajeno a la práctica judicial que gobierna el asunto, o a la instrucción que corresponde emitir a la suscrita magistrada en su rol de ponente, y por ello se ordenará su desglose y devolución de manera inmediata a la magistrada Rocío Araújo Oñate”.

Durante el proceso principal, contra la elección del fiscal general Francisco Barbosa, la misma Sala Plena del Consejo de Estado ya negó una petición que hizo la Procuraduría para que la Sección Quinta de la alta corte le delegara el expediente. El Ministerio Público consideraba que el asunto debe estudiarse en pleno por los 27 magistrados porque, en su criterio, el periodo del fiscal es Institucional y no personal como se entiende actualmente.

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“Por lo demás, queda descartada la necesidad de sentar o unificar jurisprudencia sobre el período del Fiscal General de la Nación, comoquiera que ello se logró con la sentencia de 16 de abril de 2013 (del Consejo de Estado); cosa distinta sería la “posibilidad” que tiene esta Corporación de replantear, cambiar o modificar la jurisprudencia, aspecto que la Sala de lo Contencioso Administrativo no ha evaluado de manera oficiosa y que tampoco ha sido objeto de la correspondiente remisión por la Sección Quinta en esos precisos términos”, señaló la Sala Plena tras lo planteado por la Procuraduría.

La elección del fiscal Barbosa, quien llegó a su puesto el pasado 20 de enero, en reemplazo de Néstor Humberto Martínez, fue demandada a mitad de 2020 por dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional, Gina Paola Ávila Sierra y René Mateus Forero. De acuerdo con sendos accionantes, que el actual fiscal general tenga cuatro años a partir de su elección -como lo establecen las reglas de nombramiento “personal”-, a pesar de que entró a suceder una administración interrumpida, “no se encuentra en armonía con nuestro ordenamiento jurídico y constitucional”.