Aspirantes a la Corte Constitucional expresaron la necesidad del diálogo entre las altas cortes

El próximo 22 de julio se conocerá la decisión del Consejo de Estado sobre el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. /Archivo El Espectador.

En la mañana de este martes 14 de julio, la Sala Plena del Consejo de Estado entrevistó a los aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional. A la sede de esa corporación llegaron los 20 postulados que aspiran a reemplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien finaliza su periodo el próximo 4 de septiembre. De esos 20 candidatos saldrá la terna de la cual el Senado elegirá quien sucederá a Guerrero. Entre las repuestas más reiteradas, los 20 aspirantes consideraron necesario entablar un diálogo interinstitucional que alivie las tensiones entre los colegiados y así, preservar la autonomía y legitimidad jurídica.

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El Consejo de Estado les formuló tres preguntas a los candidatos: sus razones para aspirar a la magistratura, el papel de la Corte Constitucional y los límites que tiene la Corte frente al Estado de derecho. Comenzó la ronda la magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz, Ana María Montoya, quien propuso robustecer el poder social de la Corte Constitucional para hacer de la justicia un elemento más cercano a la ciudadanía. “De esta manera impulsaríamos la justicia a los territorios y el control político asegurando el principio democrático”, recalcó.

Los candidatos resaltaron otros retos que afrontarían si llegaran a la magistratura de la Corte Constitucional, uno de ellos, el choque de trenes que por años ha calado entre las altas cortes. En esa medida, el abogado Jairo Morales aseguró estar convencido de las jurisdicciones que manejan el aparato judicial y propuso un principio de colaboración entre las altas cortes para mantener una comunicación asertiva sobre las nuevas realidades por las que atraviesa el país. Aunque, para el abogado Miguel Efraín Polo, “el riesgo para la democracia y para el sistema jurídico es grave porque el poder de la Corte Constitucional no debe erosionar la independencia de las otras instituciones jurídicas”.

Para este jurista, se deben acatar dos criterios: respeto y confianza. En este sentido, es importante que tener claro que los jueces fallan las sentencias teniendo en cuenta la Constitución al ser, como lo expresó Polo, los primeros garantes constitucionales. Además, indicó que es necesaria una justicia objetiva, ponderada, efectiva, abierta al dialogo jurisdiccional y armónica con los organismos de cierre. El choque de trenes en las altas cortes es, para el abogado David Alberto Roll, evidente desde hace años. De acuerdo con este candidato, “el diálogo es necesario. Aunque la relación jurídica con la JEP fue declarada inconstitucional, para mí ese es el camino, no solo para escuchar sino para crear un pacto”.

Por su parte, el abogado Jorge Enrique Sánchez hizo referencia a esta preocupación colectiva e indicó que “las discrepancias naturales en solución de asuntos particulares no pueden desencadenar en una competencia. La Corte Constitucional debe confiar en los otros organismos judiciales”. Asimismo, señaló que un juez constitucional no debe prescindir de la comunicación con otros poderes públicos o jurisdicciones y no tiene “licencia para interpretar las normas según lo que digan sus creencias o anhelos, por bien intencionados que sean”.

Para la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez, la necesidad es la misma. De acuerdo con Téllez, el cierre de jurisdicción constitucional va de la mano con la forma en la que se relaciona la Corte con otros poderes. “Se requieren contornos y límites contra providencias que denote la independencia, autonomía y seguridad jurídica”, aclaró. De acuerdo con esta funcionaria judicial, es necesario un diálogo que decante los desacuerdos y la forma en la que se toman las decisiones en los diferentes colegiados.

Para el Abogado Luis Fernando López, una de las claves para que la Corte no se quede anclada al paso está en que el colegiado cumpla con sus deberes como defensor de la carta política sin necesidad de pasar por encima de otras competencias y propuso una Corte dispuesta al dialogo n busca de que los reparos interinstitucionales sean resueltos. Para ello, el jurista Jorge Enrique Najar propone la creación de una comisión intercortes en donde se discutan las tensiones que por años han calo en este sector y finalmente se resuelvan.

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Por su parte la abogada Natalia Ángel Cabo plantea que es necesaria una coordinación entre las altas cortes que permita dar claridad a la ley estatutaria de la tutela. En esta misma vía, la jurista Claudia Dangond señaló que es importante tener mayor seguridad jurídica y confianza en la justicia en sus cortes. Dangond aclaró que estas medidas no solo reforzarían la confianza al interior de las cortes, sino que también, sería un precedente para que la ciudadanía confíe en los aparatos judiciales. Además, indicó que el acuerdo social y el control constitucional es es la esencia de la democracia y que, para ello, es necesario un equilibrio de los colegiados donde abunde la variedad de pensamientos.

Para el abogado Felipe Arciniegas la clave está en la autorregulación de este alto tribunal. Arciniegas aseguró que mantener el equilibrio de poderes está entre las funciones judiciales de la Corte y que ahora más que nunca, hay que ser consientes del reparto de competencias y de la independencia de los jueces constitucionales. Para llegar a estos fines, el jurista Marino Tadeo propone que la Corte debe ser moderada a la hora de tomar sus decisiones y regularse en el manejo de temas controversiales. Esto le da a la Corte la posibilidad de abrir la puerta a los cambios jurisprudenciales rodeados del debate público y discusiones constructivas.

En cuanto a la abogada Isabel Cristina Jaramillo, la Corte no debe perder su carácter activista y tener en cuenta que se necesitan muchas manos y mentes trabajando para un mismo propósito. Si bien la Corte está limitada por una serie de principios de derecho en múltiples escalas, el análisis administrativo que Jaramillo propone le devolvería al colegiado control en las variables que limitan su accionar constitucional. Para ello, el juez constitucional debe tener claro qué se pone en juego con cada decisión y mantener vivo el carácter constructor de la constitución que desde su creación ha tenido este alto tribunal.

Para Luis Manuel Lazo Lozano, la discusión que ha suscitado la reforma constitucional es de vieja data y para ello, se debe tener en cuenta la magnitud del poder de esta reforma. Para este jurista, si bien es necesario mantener un dialogo claro con las altas cortes, Colombia no debe olvidar sus compromisos internacionales en materia legal. En cuanto a ello, el bloque de constitucionalidad ha permitido una apertura del cumplimiento de tratados internacionales, pero también, es necesario armonizar el derecho nacional con las obligaciones internacionales. Paula Robledo, por su parte, aseguró que “las decisiones no deben tomarse de manera arbitraria” y habló de la “racionalidad y previsibilidad” del sistema.

Jaime Tovar sostuvo que es necesario hacer un control de cómo se estudian las tutelas con el fin de que estas no se vuelvan un recurso para controvertir decisiones jurídicas tomadas en otras instancias. Para Tovar, un juez constitucional debe velar por una justicia razonable ponderada que vele por los derechos de la ciudadanía que, según el jurista, acude a la justicia en busca de soluciones claras y eficientes. De acuerdo con las declaraciones de José Rodrigo Vargas, “las tensiones no deben trasladarse al ciudadano que espera un sistema judicial mancomunado”. Vargas, en la misma vía que sus compañeros, propuso “un juez independiente de otras ramas del poder público que proteja el sistema judicial y proponga un encuentro con la rama judicial”.

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Hay quienes vieron otro ángulo en la discusión. Es el caso de Gonzalo Ramírez, quien indicó que es importante un diálogo entre las cortes con la intención de abrir el cuello de botella de las tutelas recibidas por la Corte. Para Ramírez, este alto tribunal se ha quedado sin herramientas técnicas para resolver problemas estructurales de un estado con altos índices de desigualdad. “A través de su jurisprudencia la Corte debe empezar a acotar su campo de acción estableciendo criterios de decisión que unifiquen las decisiones jurídicas para la focalización de los casos más urgentes”, señaló.

En este mismo sentido, la profesora del Externado Magdalena Correa mostró su preocupación. De acuerdo con la jurista es necesario ajustar los limites que tiene la Corte Constitucional para hacerle frente a los retos que presenta el país. Para Correa es necesario considerar la eficacia y el factor transformador de la Corte Constitucional, pero, por otro lado, preocupa la cifra de tutelas incumplidas y que se adopten medidas regresivas.

María Cristina Gómez tomó como referencia la crisis que ha desencadenado la pandemia para el aparato judicial colombiano y advierte que desde la Corte se debe enfrentar una construcción y el impacto a los derechos fundamentales que dejó la crisis. Para la jurista, la pandemia ha sacado a flote las deficiencias en materia de acceso a la educación, a la tecnología y sobre todo, a la justicia. Asimismo, recalca que es fundamental que se adopten compromisos con la paz y que se propicie el dialogo en medio de una sociedad polarizada.

Los candidatos señalaron que parte de la solución a estas tensiones está en que las sentencias sean claras para disminuir el porcentaje de conflictividad que existe actualmente y que congestiona al sistema judicial. De acuerdo con Polo, a la Corte Constitucional llegan anualmente en promedio unas 270 mil acciones de tutela y 1.200 son interpuestas diariamente aproximadamente. Además, señalaron que es necesario que la Corte este cerca de las realidades y conflictos sociales. Para los candidatos, las sentencias deben hablar por sí mismas. El próximo 22 de julio se conocerá la decisión del Consejo de Estado.

Nota de la Editora: esta nota se publicó originalmente con información de 10 de los candidatos porque fue la primera información disponible, pero luego se complementó con los otros 10 que están en la lista del Consejo de Estado para que todos aparecieran en la publicación en igualdad de condiciones.