El Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda interpuesta en contra de la elección del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte.
Esta acción jurídica fue interpuesta por un grupo de abogados y periodistas que consideran que en dicho proceso de elección se violó una norma constitucional que impide que los magistrados de las altas cortes nombren a personas que hayan intervenido tanto en su postulación o en su designación.
Argumentaron además que de acuerdo con las actas de elección de Ricaurte, 15 de los 16 magistrados que votaron por él en noviembre del 2012, habían sido a su vez elegidos magistrados en sesiones en las que él intervino.
“Dicha situación –argumentan- va en contravía con lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y en la Ley 270 de 1996”. (Ver Solicitan que elección del magistrado Francisco Ricaurte sea anulada)
En su decisión, tribunal de lo contencioso administrativo negó la suspensión provisional del magistrado del cargo.