Consejo de Estado rechazó demanda contra elección del fiscal Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez, fiscal general. / Cristian Garavito - El Espectador

El Consejo de Estado no estudiará la demanda que presentó el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Comisión Colombiana de Juristas en contra de la elección de Néstor Humberto Martínez. Y la razón es que ya pasó el plazo legal para hacerlo, que era 30 días después desde su designación en julio de 2016. La demanda buscaba anular el Acuerdo 871 de 11 de julio 2016, la resolución designó a Martínez como jefe del ente acusador por cuatro años.

Tras conocerse esta decisión, Dejusticia anunció que presentará un recurso de súplica con los argumentos que explicarían por qué no habría caducado el tiempo para demandar. En la acción judicial aseguraban que Martínez, en su condición de ternado, junto a Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, omitió información “grave y relevante” sobre su conocimiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht y el enredo en el mismo de las empresas y personas que él había representado. Es decir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Aval.

La falta de información, según la demanda, llevó a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “no contara con información sustancial que podría haber afectado su decisión” para su elección.

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Los demandantes afirmaban que todo esto generó una “falsa motivación en el acto de elección”, pues el hoy fiscal general “ocultó información relevante para la decisión que tomaría la Sala Plena de la Corte Suprema y, por lo tanto, esta última votó, lo eligió y confirmó con el convencimiento de que era el ternado en mejores condiciones para desempeñar el cargo”. Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas consignaban en la demanda 36 hechos que consideran relevantes. Algunos de ellos son los audios divulgados por El Espectador y Noticias uno, y entrevistas que Martínez concedió a varios medios de comunicación.

También afirmaban los demandantes que Martínez, luego de que la Corte Suprema recibiera la terna por parte del presidente en abril de 2016, gestionó un contrato de transacción entre el Grupo Aval y Odebrecht. Para sustentar esta afirmación, citaron una entrevista con El Espectador. En ella, Martínez dice que en esa época “se hicieron unas reclamaciones al accionista internacional (Odebrecht) y eso dio lugar a que Odebrecht le presentara unos informes diciéndole que sí eran fundados esos gastos (que Pizano advirtió como irregulares) y por ello fue que terminaron en un contrato de transacción”.

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Igualmente, los demandantes aseguraban que Martínez ocultó información relevante para la avaluación que en ese entonces debía hacer la Corte Suprema por tres razones. La primera, porque a partir de los hechos que estaban ocurriendo en Brasil desde marzo de 2014 y en Estados Unidos desde el 2015, más el conocimiento que tenía por las conversaciones que sostuvo con el controller Jorge Enrique Pizano, “era inminente que en Colombia se desatara una investigación” por Odebrecht. “Hubiese sido un criterio importante para la Corte analizar la cantidad de impedimentos que tendría que declarar el candidato y como esto pudiese o no afectar la idoneidad de este para poder cumplir con sus funciones”.

En segundo lugar, porque “si Néstor Humberto Martínez Neira no hubiese ocultado lo que conocía por Pizano y hubiese dejado en evidencia que posterior a esto había desarrollado una asesoría jurídica en el contrato de transacción que aseguraría los beneficios económicos de su cliente, habría quedado en evidencia una conducta, por lo menos, éticamente cuestionable”. Y, en tercer lugar, porque Martínez “tenía un interés claro y concreto en salvaguardar los intereses del Grupo Aval y la integridad de los negocios en que este participaba”.

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