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La Sección Segunda del Consejo de Estado le hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por las irregularidades que se presentaron en el proceso de reclutamiento de un joven que era hijo único y quien certificó su ingreso a la Universidad.
Para el alto tribunal, el Ministerio de Defensa, Ejército y sus respectivos distritos militares para que se capacite a los integrantes de la fuerza pública en el cumplimiento de las normas que regulan el proceso de reclutamiento, teniendo en cuenta el respeto por los derechos fundamentales de las personas.
En el caso materia de debate jurídico, se consideró que las Fuerzas Armadas interpretaron de “manera errónea el espíritu del legislador en torno a compeler a los ciudadanos cuando estos incumplan con la obligación legal de efectuar el proceso de inscripción”.
En este punto se indica que el joven se presentó en junio de 2013 ante el Distrito Militar No. 47 de Cajicá, con el fin de averiguar sobre su situación militar, puesto que, antes de salir del colegio donde terminó el bachillerato, había entregado los documentos requeridos por el Ejército para su inscripción en calidad de estudiante y nunca recibió citación alguna para presentarse.
En ese momento se le informó que que debía quedarse para ser trasladado a un batallón en Bogotá, donde se haría su incorporación, pese a que les explicó que se encontraba cursando estudios universitarios y como prueba presentó su carné de estudiante.
Ante esto le exigieron un certificado de estudios que, cuando fue presentado, no fue aceptado porque, supuestamente, era necesario demostrar que cursaba cuarto semestre de cualquier carrera y él a penas había terminado el primero.
“Las Fuerzas Armadas carecen de toda potestad para compeler a los ciudadanos que ya dieron efectivo acatamiento a lo dispuesto por la norma”, indica uno de los apartes de la sentencia.
En el fallo se le ordena al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional publicar en todos los centros de reclutamiento lo que establece la Ley 48 de 1993 y demás normas rectoras en torno a las obligaciones y deberes, tanto del Estado como de los ciudadanos obligados a prestar el servicio militar.
La Sección Segunda del Consejo de Estado le hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por las irregularidades que se presentaron en el proceso de reclutamiento de un joven quien era hijo único y certificó con documentos oficiales su ingreso a una Universidad.