Consejo de Estado le puso "tatequieto" a nuevas construcciones en los cerros orientales

El alto tribunal le ordenó al alcalde de Bogotá que haga una modificiación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo de Estado le puso punto final a la entrega de licencias y realización de nuevas construcciones de los cerros orientales en la capital de la República.

Para la Sala Plena, se deben proteger los derechos adquiridos por las personas que compraron sus viviendas en dichos lugares, puesto que se entiende que las licencias fueron emitidas de manera legal por lo que dichas viviendas no serán ni reubicadas ni destruidas.

Igualmente el alto tribunal negó la expedición a partir de la emisión de este fallo para la realización de actividades mineras en la reserva forestal protectora.

Al resolver la apelación presentada en contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el alto tribunal tuvo en cuenta la normativa y los tratados firmados por Colombia en materia de protección al medio ambiente.

En el debate jurídico se ampararon los derechos colectivos a un medio ambiente sano, la existencia el equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, seguridad y prevención de desastres.

En la decisión se avaló la resolución 463 de 2005 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente en el cual se realizó la sustracción de las áreas de reservas forestales, “previo cumplimiento de los requisitos de ley, manteniendo la existencia de la franja de adecuación que fue motivo de profundos estudios técnicos concertados entre varios sectores que reconocieron la pérdida de las condiciones del suelo de reserva de esas 973 hectáreas que fueron excluidas de la área de reserva forestal”.

El tribunal de lo contencioso administrativo ordenó que en el área no construida de la denominada “franja de adecuación” deberá proyectarse y llevarse a su funcionamiento una zona de aprovechamiento ecológico que compense a los habitante de la capital de la República “los perjuicios ambientales sufridos y les garantice el derecho a la recreación”.

Por último, el Consejo de Estado le ordenó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro la preparación de un proyecto dirigido a la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tendrán como base fundamental la reubicación de asentamientos humanos que “amenacen ruina o estén en situación de riesgo no mitigable”.