Consejo de Estado ordena pagar $2.000 millones por la muerte de cuatro hombres en Caldas

El alto tribunal indicó que se trató de cuatro ejecuciones extrajudiciales y le ordenó al Ministerio de Defensa anular los ascensos de los oficiales que estuvieron implicados en los hechos.

Por presentar como guerrilleros muertos en combate a cuatro civiles en la en la vereda San José, en la vía que de Manzanares conduce a Marquetalia (Caldas), el Ministerio de defensa tendrá que pagar más de $2.000 millones a las familias de las víctimas. El reciente fallo del Consejo de Estado del pasado 11 de marzo, también se ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al comandante de las Fuerzas Militares, general juan Pablo Rodríguez y al comandante del Batallón Ayacucho a reconocer la responsabilidad del Ejército en los hechos y ofrecer disculpas a los familiares en una ceremonia pública.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2008. En esa fecha, un grupo de militares del Batallón Ayacucho se encontraba realizando operativos por supuesta presencia de bandas criminales y, al parecer, tuvieron un supuesto cruce de disparos con cuatro hombres que no hicieron caso a la orden de detenerse, según se lee en un informe del Ejército. Sin embargo, el Consejo de Estado encontró serias contradicciones entre el relato de los uniformados y las pruebas aportadas al expediente.

Entre las irregularidades evidenciaron que mientras en el informe se decía que fue un enfrentamiento armado, el Consejo de Estado comprobó que los disparos fueron hechos a corta distancia y que las armas halladas al lado de los cuerpos no se encontraban en buen estado, por lo que se podía concluir que ese día no se produjo ningún cruce de disparos. Asimismo, las declaraciones de los habitantes del sector demostraban que en esa región de Caldas no se había presentado casos de robos o extorsiones.

“No se puede justificar el cumplimiento del deber de protección de los derechos y libertades, así como de la soberanía territorial del Estado, vulnerando tanto los derechos humanos de personas de la población civil, como las obligaciones del derecho internacional humanitario, tal como ocurre en el caso concreto, deformando, distorsionando y quebrantando los fines institucionales y funcionales, rompiendo con la procura sustancial de protección y la primacía de la defensa de ‘todos’ los ciudadanos, sin lugar a discriminación alguna, por su condición social, discapacidad, raza, situación de marginalidad”, dice la sentencia.
El Consejo de Estado también compulsó copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Justicia penal Militar para que investiguen la muerte de los cuatro civiles. Además, le solicitó al Ministerio de Defensa que, previo a empezar la investigación interna, se anulen los ascensos de los miembros del Ejército implicados en estos hechos.