Consejo de Estado ordenó proteger a testigos en proceso de pérdida de investidura

Esto después de conocer comunicaciones sobre el asesinato de uno de los declarantes en el caso que se adelanta contra el representante a la Cámara por Guainía, Édgar Alexander Cipriano.

Cortesía, Alianza Social Independiente.

La Sala Plena del Consejo de Estado le pidió al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional tomar las medidas necesarias dirigidas a la protección de los testigos del proceso de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por el departamento del Guanía, Édgar Alexander Cipriano Moreno.

Esta decisión se tomó tras conocer informes periodísticos sobre la muerte de Erwin Avellaneda Duarte quien declaró en días pasados ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en este caso. El testigo, según los informes de prensa, apareció muerto a mediados del mes de octubre, situación que prendió las alarmas frente a los otros declarantes.

En días pasados el demandado había presentado un recurso revocar el auto que declaró nulo el llamado a declarar a cuatro personas, entre las que se encuentra la víctima, dentro de su proceso. Estas personas habrían sido testigos directos de los hechos materia de investigación y por los que su investidura fue demandada.

Debido a la gravedad de los hechos el Consejo de Estado presentó una comunicación personal al director de la Policía, la Procuraduría General y la UNP para que se tomen las actuaciones pertinentes de acuerdo a sus competencias frente a este caso.

La investidura del congresista fue demandada por presuntamente haber cobrado entre 10 y 30 millones de pesos a cambio de nombramientos en cargos de entidades como el Sena, la Cancillería o la Defensoría del Pueblo. Por estos hechos el congresista de la Alianza Social Independiente fue denunciado en julio ante la Fiscalía General.  

En una grabación publicada por Noticias Uno se observa al congresista pidiendo 30 millones de pesos para entregar la dirección del Sena. De este tamaño eran las exigencias para entregar puestos en los consulados de San Fernando de Atabapo (Venezuela) y Manados (Brasil). Para otros cargos pedía sumas cercanas a los 10 y 20 millones de pesos. 

La víctima, según se ha podido establecer, habría sido la persona que hizo el video. Es decir, su testimonio reviste de una gran importancia dentro del caso puesto que es un testigo presencial y directo de los hechos demandados.
 

 

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