Consejo de Estado pide que no se utilice la justicia para temas políticos

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En una sentencia a favor del procurador Fernando Carrillo, el alto tribunal hizo un llamado de atención pues encontró que en este caso, no se estaba buscando revivir una vieja sanción para proteger el ordenamiento jurídico, sino que solo apareció cuando el abogado quedó elegido como candidato a este importante cargo.

Desde que el abogado Fernando Carrillo empezó a sonar como el nombre más fuerte para ocupar el máximo cargo en la Procuraduría General, varios contradictores levantaron sus voces de rechazo. Una de ellas llegó hasta el Consejo de Estado en forma de una demanda que buscaba revivir una vieja disputa jurídica de tiempos de narcotráfico que primero le impuso una sanción disciplinaria al jurista, pero que años después fue revocada. La discusión dio paso a un llamado de atención del alto tribuna pues consideró que este tipo de actos no pueden ser utilizados para temas políticos.

El recurso judicial estudiado llegó a manos de los magistrados en octubre de 2016, justamente cuando el Congreso votaba para elegir al nuevo procurador. En el documento, el demandante pedía que se revocara una decisión de 2003 en la que el entonces procurador Edgardo Maya, dejó sin efectos una decisión de los años 90 en la que Carrillo había terminado con una suspensión por 30 días de su cargo como ministro de Justicia. El caso tiene que ver con la fuga de Pablo Escobar de la cárcel La Catedral en 1992. En esa época, y ante la polémica por la escapada del capo, la Procuraduría resolvió iniciar varias investigaciones disciplinarias. Uno de los señalados fue Carrillo, (ministro de Justicia de ese entonces).

Entre las conductas investigadas, el Ministerio Público quiso saber por qué Carrillo y otro ministro de la misma cartera, no habían adecuado el lugar para tener preso a Escobar, no realizaron las obras necesarias para poner alambres o rejas. El hoy procurador siempre aseguró que él no tuvo nada que ver en el asunto de La Catedral, que simplemente heredó el caso de su homólogo, el también ministro Jaime Giraldo Ángel (quien también fue investigado por este caso, pero absuelto). En 1994, la Procuraduría sancionó solo a Carrillo con 30 días de suspensión de su cargo como ministro.

En 2003, luego de agotar todos los recursos del caso y de que su proceso estuviera congelado durante más de tres años, el exprocurador Edgardo Maya renovó la sanción porque encontró que se violaron varios puntos claves, como el debido proceso, y porque la investigación tuvo problemas en su contenido como, por ejemplo, que por los mismos hechos el exministro Giraldo fuera absuelto, pero Carrillo no. Sin más camino en el caso, el hoy procurador siguió su carrera como abogado, pasando por varios cargos públicos. Y solo hasta que quedó postulado como posible procurador, el tema de La Catedral revivió.

En un primer momento, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado, Carmelo Perdomo, desestimó la petición de Carrillo y su defensa de rechazar la demanda pues consideraron, entre otras cosas, que el tema de Escobar estaba sepultado. En su defensa le explicaron al Consejo de Estado que además de que ya habían pasado más de 10 años de la última decisión tomada en el caso, una persona no podía vivir eternamente con el fantasma de un tema de estas características judiciales. Y que, además, el caso de La Catedral volvía al asunto jurídico justamente cuando la política se movía con toda su fuerza para elegir al nuevo procurador.

Pese al primer rechazo del magistrado Carmelo, Carrillo y su defensa siguieron la pelea y presentaron un recurso de súplica. Esta vez, con mejor suerte. El caso le correspondió a la magistrada Sandra Lisset Ibarra quien encontró en el expediente que, en efecto, se trataba de un tema de vieja data, que ya había resuelto la Procuraduría de Edgardo Maya y que volvía al debate justamente cuando Carrillo cogía fuerza para ser el nuevo procurador. Al resolver la súplica, la magistrada explicó que terceros que no tienen nada que ver en los casos no pueden aprovecharse, tanto tiempo después, de un recurso de nulidad que ya estaba resuelto. Y más cuando temas políticos se entrelazan con los jurídicos pues, de haber prosperado la demanda, Carrillo habría tenido que salir del cargo pues la sanción lo inhabilitaba.

“La Sala resalta, que la demanda que origina el proceso de la referencia fue presentada el 16 de octubre de 2016, es decir, más de 13 años después de la expedición del acto administrativo revocatorio acusado; por lo tanto, es evidente que se ha superado ampliamente el término de caducidad de los 4 meses que en esta providencia se ha adoptado como razonable, para que los terceros cuestionen ante la jurisdicción contenciosa los actos administrativos particulares proferidos por el Procurador General de la Nación, que revocan de manera directa sanciones disciplinarias”, dice el fallo de Consejo de Estado.

Al llamar la atención de uso de las nulidades cuando se trata de temas de vieja data como el de Carrillo y La Catedral, la magistrada Ibarra, y el magistrado César Palomino quien la secundó en el fallo, hizo un llamado a la presidencia del Consejo de Estado, a la Presidencia de la República, al Congreso y a la Procuraduría para que estudien la posibilidad de promover un proyecto de ley para que terceros tengan un tiempo mucho más corte que el actual para presentar nulidades (en temas disciplinarios) como la que pretendía sacar a Carrillo de su cargo.

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