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A Gustavo Petro, últimamente solo le llegaban malas noticias. Hace dos semanas recibió la última: la Contraloría le interpuso una multa de más de $40 mil millones por haber comprado unos camiones recolectores de basura en 2012, desde la Alcaldía de Bogotá. Hoy, por fin, el exalcalde escuchó una noticia buena. El Consejo de Estado tumbó el fallo con el que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez lo sacó de su cargo hace cinco años.
La decisión se tomó este miércoles después de un debate en la Sala Plena del alto tribunal que duró más de siete horas y resultó en una votación de 17 votos a favor de tumbar el fallo contra el exalcalde y uno en contra. En esa reunión, los magistrados terminaron de discutir la ponencia que presentó el consejero César Palomino, quien expuso que en la decisión del entonces procurador Ordóñez no se pudo comprobar el dolo o la mala intención de Gustavo Petro en el cambio del esquema de basuras de Bogotá, como lo sostuvo el Ministerio Público. Con esta determinación, Petro queda habilitado para hacer política.
El trasfondo de esta decisión tiene que ver con la vida política del exalcalde, que se vio truncada cuando la Procuraduría lo destituyó el 9 de diciembre de 2013 y, además, lo inhabilitó para hacer política durante 15 años. Hoy, esa determinación queda anulada y el camino para que Petro pueda aspirar como candidato para las próximas elecciones presidenciales queda libre. Por lo menos, por ahora.
El presidente del Consejo de Estado, Octavio Ramírez, explicó que para tomar esta decisión "se tuvo en cuenta que las posibles faltas disciplinarias imputadas o atribuidas al señor Petro no constituían faltas propiamente dichas, es decir, que de acuerdo con el acervo probatorio, el Consejo de Estado llegó a la conclusión de que no se podía predicar que la actuación del señor Petro haya violado de principios de contratación como la selección objetiva, la transparencia, la economía o violación del principio de libre competencia que fueron las razones que en su momento tuvo en cuenta la Procuraduría".
Además, el consejero agregó que el alto tribunal también tuvo en cuenta el anuncio que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada en donde advirtió que no era posible, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, imponer inhabilidades políticas por sanciones administrativas, disciplinarias o fiscales. Reiteró que estas solo pueden aplicarse cuando existen fallos de un juez penal.
El consejero Ramírez añadió que, además de que "desaparece del mundo jurídico" el fallo de la Procuraduría contra Petro, en su decisión exhortaba al Gobierno y al Congreso para que, en un plazo de dos años, realicen las modificaciones necesarias para cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Además, el alto tribunal ordenó que se le pague los salarios y prestaciones sociales que dejó de recibir cuando estuvo por fuera de su cargo.
"El Consejo de Estado va a remitir copia de esa sentencia a la CIDH para efectos de demostrarle a dicho organismo internacional del acatamiento de las recomendaciones por parte del Consejo", agregó el presidente del alto tribunal, quien además recordó que gracias a las medidas cautelares que profirió este mismo tribunal, Petro regresó a los pocos días de su sanción a su despacho.
El propio Petro ya reaccionó a la buena noticia. En su cuenta personal de Twitter escribió: "El Consejo de Estado en fallo de fondo y definitivo anuló el proceso disciplinario contra mi que el procurador Ordoñez expidió en 2013 y por el cual me destituyó e inhabilitó por 15 años. Triunfo de la Justicia y de la ciudadanía bogotana que se movilizó", dijo Petro en su cuenta de Twitter celebrando la decisión del alto tribunal.
Por su parte, el exprocurador Ordóñez, quien aspira hoy a la Presidencia de la República y se enfrentará ahora en esa carrera política con Petro, se pronunció también en sus redes sociales. "En beneficio del exalcalde Petro, a quien se le comprobó su ineficiencia, queda abierta la puerta para que miles de corruptos sancionados regresen a la vida política. Ahora irán tras las funciones de la Procuraduría".
El proceso tras la destitución
La Procuraduría inhabilitó a Gustavo Petro un año después de la crisis y cambio del esquema de recolección de basuras, entre el 18 y 20 de diciembre de 2012, argumentando que el mandatario capitalino había cometido “tres faltas gravísimas”: la primera fue asignar la prestación del servicio de aseo al Acueducto de Bogotá y a Aguas de Bogotá, empresas que no tenían ninguna experiencia en el tema.
La segunda falta, de acuerdo con el ente de control, fue vulnerar los derechos de la libre empresa y competencia, al expedir un decreto que establecía que el servicio de aseo no podría ser prestado por operadores distintos al Distrito. La tercera falta fue el uso de volquetas sin las condiciones mínimas establecidas durante los días que duró la crisis, que habrían puesto en riesgo el medioambiente y la salud pública.
Tras conocerse la decisión, Petro la apeló y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medias cautelares para evitar que lo destituyeran de la alcaldía, alegando que el fallo era una persecución política. En enero de 2014, la Procuraduría se pronunció y dejó la sanción en firme.
Pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante una tutela que interpuso un grupo de ciudadanos ordenó frenar la destitución. En segunda instancia, el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal, mientras que la CIDH le otorgó las medidas cautelares a Petro. Esto no importó ya que el presidente Juan Manuel Santos ordenó su salida de la alcaldía de Bogotá. En ese momento Petro presentó la demanda de nulidad contra el fallo de la Procuraduría ante el Consejo de Estado.
En mayo de 2014, el magistrado del Consejo de Estado Gerardo Arenas encontró válidos los argumentos de Petro y le otorgó el blindaje para que regresara al Palacio de Liévano. La Procuraduría presentó un recurso de súplica para que le fueran negadas las medidas cautelares al exalcalde, pero los magistrados negaron la solicitud al tener en cuenta que el fallo disciplinario no demostró que la intención del mandatario fuera causar un daño a la ciudad con el cambio de esquema de aseo.
El pasado 7 de noviembre la CIDH se pronunció frente al tema y le recomendó al Estado colombiano dejar sin efecto los actos administrativos sancionatorios que inhabilitan a Petro para que poder ejercer sus derechos políticos, además, recomienda adoptar las medidas legislativas necesarias “para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, de forma tal que la autoridad que establece los cargos no sea la misma llamada a determinar la responsabilidad disciplinaria”.
De esta forma se conoce hoy la decisión del Consejo de Estado que tumba el fallo que sacó a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá.