Consejo de Estado tumbó elección del presidente del Consejo Superior de la Judicatura

El Alto Tribunal consideró que se presentaron fallas en la elección de Francisco Javier Ricaurte como magistrado.

Con 17 votos a favor y cinco en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la elección de Francisco Javier Ricaurte como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (Ver ¿Aval al “yo te elijo, tú me eliges”?)

En la Sala celebrada este miércoles se avaló la nueva ponencia presentada por la consejera Susana Buitrago después de que la primera fuera derrotada y tumbada por ella misma. Los magistrados consideraron que efectivamente se presentaron irregularidades en la elección de Ricaurte como candidato. 

La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso manifestó que la mayoría de la Sala no acogió los argumentos de la parte emotiva ni resolutiva ponencia presentada, hecho por el cual será la consejera Stella Conto Díaz quien en los próximos días acogerá las observaciones y argumentos presentados.

En contra de esta decisión el magistrado Ricaurte podría presentar el recurso extraordinario de revisión lo cual podría durar un año. Sin embargo desde el momento en el que se firme, sea notificada a las partes interesadas quedará ejecutoriada por lo que el togado tendrá que abandonar inmediatamente su cargo.

En el estudio realizado se acumularon varias de las demandas presentadas en contra de la postulación y elección de Ricaurte Gómez. Este fallo será “un antecedente” y servirá como “base” dentro de la revisión de la acción presentada contra la elección del actual presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Munar.

“El punto no es pasar de una Corte a otra, el punto es quién lo elige a uno”, es una de las partes fundamentales de la decisión en la que se hace referencia al hecho de que Ricaurte fue elegido por los magistrados a los que ayudó a elegir cuando hacia parte de la Corte Suprema de Justicia.

La historia de Ricaurte

Desde el primer momento la postulación del otrora magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue cuestionada por varios sectores que consideraban que no se aceptar que esta fue presentada por magistrados a los cuales Ricaurte ayudó a elegir.

En este sentido se presentó una demanda contra la llamada ‘puerta giratoria’ en las altas cortes, con el plus de que a Ricaurte Gómez se le ampliaron los términos para que se inscribiera ya que con este se le permitía finalizar su periodo en la Corte Suprema, lo cual para los demandantes era un hecho totalmente irregular.

A su llegada a la Judicatura Ricaurte Gómez fue señalado de haberse aprovechado de su posición y poder en el tribunal, que presidió además en 2008, para ser postulado después del tiempo fijado y conseguir los votos para su posterior elección.

La demanda fue presentada por Rodrigo Uprimny y Paula Alejandra Rangel Garzón al considerar que se debe anular el acto administrativo puesto que las personas que los togados que lo eligieron tenían un parentesco o relación profesional. (Ver Los nombramientos de Ricaurte)

En este sentido se indica que estos magistrados desconocieron la prohibición de nombrar en un cargo público a una persona que haya intervenido en su elección señalando que varios magistrados que lo eligieron habían sido designados previamente por él o con su participación cuando se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

“Si la Constitución prohíbe a un funcionario usar su poder de designación para nombrar a familiares de quien intervino en su propia elección, es obvio que, con mayor razón, le está prohibido nombrar a la persona que directamente intervino en su designación”, precisa uno de los apartes de la demanda.

Uno de los principales argumentos indican que al revisar los votos nulos de los magistrados que estaban impedidos para votar por Ricaurte se puede inferir que no se podía alcanzar la mayoría necesaria que exige la Constitución y el reglamento de la Corte Suprema para ser elegido.

Actualmente el tribunal de lo contencioso administrativa estudia una demanda en contra de la elección de Pedro Alfonso Munar quien actualmente es el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura.