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En menos de seis meses, los socios de la concesionaria Ruta del Sol 2 y los bancos que le prestaron la plata para construir este tramo vial acaban de perder por segunda oportunidad en su disputa jurídica por tumbar el laudo arbitral de agosto de 2019 que los dejó sin dinero para pagar sus deudas. En febrero de 2020, la sección quinta del Consejo de Estado estudió varias tutelas en las que los empresarios y entidades bancarias aseguraron que en el proceso de arbitraje se les violaron derechos fundamentales claves. En este reciente fallo el alto tribunal dejó en firme su decisión.
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La Sección tercera del alto tribunal, con ponencia de la Magistrada Nubia Velásquez Rico, determinó que las pretensiones de la Concesionaria Ruta del Sol 2 (Odebrecht, Episol-Corficolombiana y el CSS Constructores) no podían ser aceptadas. Las empresa apuntaban a dejar sin efectos el laudo arbitral por el cual la Cámara de Comercio de Bogotá declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión, otorgado en diciembre de 2009 por el INCO (Hoy ANI).
El laudo en cuestión es el que, en agosto del año pasado, determinó que anular el contrato de la obra y tasar en $211.273 millones el valor de lo que debe pagar la nación por lo construido. Una cifra 18 veces menor a la que inicialmente exigieron los hoy tutelantes, no solo para pagar las cuentas pendientes por las demoras en las obras, sino también por los créditos que les concedieron los bancos. Sin ese dinero, es prácticamente imposible que la concesionaria pague sus deudas.
El laudo que anuló el multimillonario contrato apuntó que el Estado colombiano no puede pagar por la corrupción de Odebrecht. Por eso, además de la multinacional brasileña, la decisión dejó mal parados a sus socios en la Concesionaria Ruta del Sol: CSS Constructores, del grupo Solarte, y Episol, de Corficolombiana. Además, el tribunal de arbitramento conformado por los abogados Catalina Hoyos, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Mauricio González decidió que el Estado no debía asumir la totalidad de las deudas con los terceros de buena fe, como los bancos que prestaron dinero a la concesionaria.
El 15 de diciembre de 2009, el gobierno Uribe adjudicó a Odebrecht la Ruta del Sol 2, un tramo del megaproyecto vial que iba a conectar el centro del país con la costa Caribe. En enero de 2017 estalló el escándalo y se supo que Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, recibió un millonario soborno de US$6.5 millones por parte de la constructora para que le adjudicaran esa obra junto a sus socios de Episol (Corficolombiana-Grupo Aval) y el Grupo Solarte. García fue condenado por estos hechos.
El 25 de junio pasado, se supo que Odebrecht volvió a demandar a Colombia. A través de una comunicación al Gobierno , la firma brasilera le hizo saber cada uno de los motivos por los que decidió interponer esta nueva acción judicial. Según argumentan, “ha llevado una campaña sistemática para extinguir a la concesionaria y apoderarse de la inversión de OL España”, filial de la multinacional en España. Las pretensiones en este nuevo pleito de la constructora brasileña que pagó sobornos para quedarse con obras públicas alrededor de América Latina ascienden a los 950 millones de dólares.
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La suma que pretende Odebrecht correspondería a una indemnización por los perjuicios que Colombia le habría causado a la multinacional tras, supuestamente, violar las obligaciones internacionales del país en materia de inversión extranjera. “El impacto de esta conducta violatoria ha sido nada menos que la destrucción total y la pérdida de control sobre la inversión de OL España en Colombia”, indica la compañía.
También por medio de una carta, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, respondió que por parte de Colombia se mantiene la disposición de solucionar de forma directa las diferencias con inversionistas, a pesar de las características particulares del caso en concreto. Según explicó, así lo ha preferido siempre esta entidad, que hace las veces de abogado del Estado, en aras de evitar un litigio internacional.