Consejo Nacional de Estupefacientes suspende fumigaciones con glifosato contra cultivos ilícitos

Además, se creará un comité técnico para diseñar una nueva política para la erradicación. La suspensión de las aspersiones se dará cuando se revoque la licencia ambiental de este herbicida.

Archivo El Espectador

El Consejo Nacional de Estupefacientes dio el paso anunciado: las fumigaciones aéreas con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito se suspenderán. Además, en un plazo de un mes, el mismo organismo formulará los cambios que deberán hacerse a la política antinarcóticos a raíz de esta decisión.

Después de más de tres horas de reunión, el Consejo de Estupefacientes, a través de su presidente, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció que el organismo, por mayorías, acató la recomendación hecha por el Ministerio de Salud con base en estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud: suspender el uso de este herbicida por sus probables efectos cancerígenos sobre los seres humanos.

La decisión se hará efectiva cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) revoque o suspenda el plan de desarrollo ambiental que permite las fumigaciones con glifosato en el territorio nacional. Un trámite que se concretará tan pronto el Minsalud entregue los estudios técnicos necesarios a la autoridad ambiental.

Además, el Consejo aprobó la creación de un comité técnico, compuesto por las ocho entidades que hacen parte de ese organismo, que deberá formular en un mes las recomendaciones necesarias para ajustar la política de lucha contra las drogas a la nueva realidad que dicta el fin del arma más usada por el Estado contra los cultivos de uso ilícito.

Esa nueva política, de acuerdo con distintas entidades del Gobierno, deberá repotenciar la erradicación manual, la sustitución de cultivos concertada con las comunidades, presencia integral del Estado en las zonas ‘cocaleras’ y hacer énfasis en las medidas de interdicción.

En concreto, ese nuevo modelo de interdicción consistiría en fortalecer la detección y destrucción de laboratorios de cocaína, la incautación del alcaloide y el control de precursores químicos. Un apuesta que, de acuerdo con la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, tiene una efectividad más alta para reducir la producción y tráfico de cocaína, y para golpear las finanzas de organizaciones criminales. Es decir, para atacar con mayor fuerza los eslabones medios y altos de la cadena del narcotráfico.