Consultas populares en el Sumapáz, en vilo tras fallo de la Corte Constitucional

Andrés Torres

Luego que la Corte Constitucional determinara que por medio de las consultas populares que realicen los diferentes territorios ya no se podrán frenar las actividades mineras, las comunidades están a la espera de lo que pueda suceder con procesos que ya se habían iniciado en el territorio. Es el caso de la provincia del Sumapaz en donde quedaron en vilo las consultas de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá.

Para la comunidad, la decisión es un retroceso en el proceso que llevan. Así lo señaló Patricia Rodríguez, líder social del Sumapaz, quien además informó que ya han pasado por todas las instancias enmarcadas en la ley. "Nosotros hemos apelado a todos los mecanismos de participación comunitaria, regidos por la constitución, ya hemos hecho dos consultas populares en la región del Sumapaz que fue Arbeláez y Cabrera y el 21 de octubre estamos a la espera de otras dos que son San Bernardo y Fusagasugá. Eso es un hecho histórico porque es la primera vez que dos municipios de una misma región hacen consultas simultaneas. Por ello estamos a la espera de lo que pueda pasar con la decisión de la Corte”.

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De igual forma, para David Uribe abogado asesor de la consulta de Fusagasugá, proceso acompañado por la organización Territorios de Paz (Terrepaz) hay dudas generalizadas en la población sobre el fallo de la Corte. “No sabemos cuáles son sus alcances. Pensamos que el ejercicio de la consulta popular es un mandato, un mandato que está dirigido al municipio como autoridad en el cual los ciudadanos de Fusagasugá van a votar el 21 de octubre si quieren o no minería y petróleo en su territorio. Ya veremos entonces, de acuerdo con los alcances de la sentencia, como se va a implementar la posición de los habitantes de este municipio de defender ese territorio”.  

En días pasados, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que, si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.

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La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que, así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.

Sin embargo, para la comunidad del Sumapaz, este tipo de decisiones representa una total violación a los derechos legítimos de defender su territorio, “rechazamos la decisión de la Corte constitucional que señala que los municipios no tienen autoridad para decidir sobre los recursos del suelo porque esos recursos son parte del Estado y los municipios somos parte integral de él. Por tanto, nosotros como municipios tenemos el derecho legítimo de decidir sobre lo que se hace en nuestro territorio” así lo señaló Rosa Ballesteros del comité Fusunga.

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