Continúan las capturas por supuestos actos de corrupción en el Meta

La red de corrupción habría permitido que cuatro reincidentes quedaran en libertad y que a otras dos personas se les concediera el beneficio de la detención domiciliaria. / EFE

Varios funcionarios, exfuncionarios y particulares fueron capturados por la Fiscalía en las últimas horas por, supuestamente, establecer una alianza ilegal en el departamento del Meta para tramitar y otorgar libertades y otros beneficios judiciales, que no cumplían con los requisitos de ley, a varios detenidos que habrían pertenecido a organizaciones criminales. (En contexto: Capturan a 10 funcionarios judiciales por actos de corrupción en Villavicencio)

“El material probatorio recopilado por la Fiscalía permitió documentar seis hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2016, en los que estarían involucradas siete personas, quienes pusieron en marcha un esquema de corrupción que benefició a varios señalados delincuentes, a cambio de coimas”, precisó el órgano investigador al anunciar las nuevas capturas en la segunda fase la investigación. En la primera fase, varios magistrados del Tribunal Superior del Meta están siendo investigados. 

Con estos hechos irregulares, explicó la Fiscalía, cuatro reincidentes capturados por hurto quedaron en libertad y otras dos personas se les concedió el beneficio de la detención domiciliaria. “Entre las conductas desplegadas en esta oportunidad hay supuestas actuaciones irregulares para favorecer procesados a cambio de altas sumas de dinero, como también hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la Fiscalía”; agregó.

Por eso, en las últimas horas fue capturado un abogado, quien sería el jefe del supuesto esquema judicial de corrupción. De igual manera, fueron detenidos un exfiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Villavicencio, la compañera sentimental del exfiscal –presunta intermediaria de la red–, la compañera sentimental de un abogado y una mujer que habría pagado dinero para que una persona investigada por homicidio fuera enviado a su casa como sitio de reclusión. (Lea también: Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta)

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción investigará a los detenidos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y asesoramiento ilegal. En esta investigación, la Fiscalía ya le imputó cargos a la exjueza Margarita Díaz Martínez, quien está prófuga de la justicia. Y José Luis Rangel, un jurídico de la cárcel de Villavicencio, también está en el radar de las autoridades y cuenta con una medida de aseguramiento.

En la primera fase de esta investigación, la Fiscalía reportó la captura de 30 personas, entre ellos Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta. También están vinculados a las investigaciones Luis Ever Salazar Sarria, juez del municipio del Guamal (Meta), así como Carlos Hernán Garzón, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Carlos Galarza, Carlos Hugo Alfonso y Aída Salgado León.

Néstor Gordillo, investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía; Germán Ruiz Beltrán, funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio Meta, también fueron detenidos en la primera fase de la investigación. (Le sugerimos: Departamentos más afectados por la corrupción, los que menos participaron en la consulta)

Imputarán cargos a juez que habría otorgado beneficios a extraditable

Por otro lado, la Fiscalía investigará a William Orlando López Hernández por el delito de concusión. López, según la investigación, es juez civil del circuito de Tunja y las autoridades le atribuyen haber recibido $60 millones, cuando fue juez del municipio de Chiquinquirá, para favorecer a José Rogelio Nieto, quien actualmente se encuentra detenido con fines de extradición. El órgano investigador también imputará cargos al citador del juzgado por supuestamente haber sido el intermediario.