Contra la barbarie de Los Urabeños en Buenaventura

Más de tres meses llevaba trabajando la Dijin en el operativo. A los detenidos se les acusa de concierto para delinquir, extorsión, homicidio y porte ilegal de armas.

Cinco de las doce comunas que componen a Buenaventura fueron testigos, este lunes, del operativo desplegado por la Policía y Fiscalía para capturar a 33 miembros de la banda criminal Los Urabeños. Los presuntos criminales deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión y porte ilegal de armas. Esta detención masiva es el resultado de una investigación que inició la Dijin hace más de tres meses y que contó con testimonios, interceptaciones y reconocimiento de testigos. Estrategias que les permitieron a las autoridades judiciales identificar a cada uno de los implicados y proferir las respectivas órdenes de capturas.

La Policía explicó que a principios del año 2012 llegó a la zona un grupo de Los Urabeños, hecho que generó una disputa territorial con La Empresa, otra banda criminal. Esta situación dejó, según los cálculos policiales, al menos 50 muertos y una migración de integrantes entre las dos bandas de la cual resultaron fortalecidos Los Urabeños. De hecho, el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez advirtió sobre la violencia y crisis humanitaria que se vive en Buenaventura cuando visitó el municipio el pasado fin de semana en compañía de los representantes en Colombia de las oficinas de Naciones unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, y para los Refugiados (Acnur) Felipe Camargo.

El Defensor señaló que en Buenaventura existe una violación sistemática a los derechos humanos por los enfrentamientos entre Los Urabeños y Los Rastrojos. Incluso, durante el último año los índices de violencia aumentaron, pues en 2012 se registraron 122 homicidios mientras que en lo que va corrido del 2013 ya suman 144. Es más, de junio a octubre se presentaron homicidios con desmembramientos, lo cual es para Otálora Gómez una muestra del terror que se ha instaurado en la región. Esta situación tiene su agravante cuando se le agregan los más de 4500 desplazamientos intraurbanos que sólo en noviembre ha vivido el municipio. Además, resaltó que la violencia se ahonda ante el evidente abandono del Estado, pues existe una “ausencia y desgreño de los mandatarios locales”. Muestra de ello es que ni el alcalde de Buenaventura ni el gobernador del Valle hayan asistido a la reunión del fin de semana ni hayan enviado una carta excusándose, pese a que fueron reiteradamente invitados.

El panorama observado en su visita deja altamente preocupado a Jorge Armando Otálora Gómez, quien ante la inseguridad, la falta de política pública y el poco acceso a servicios, realizará un pronunciamiento conjunto entre la Defensoría y las oficinas en Colombia para los Derechos Humanos y para los refugiados (ACNUR), para que el Gobierno Nacional se apropie de la situación en Buenaventura, presentándoselo al Ministerio del Interior. La intención es lograr una protección efectiva a las víctimas y a la población de Buenaventura.

El 11 de enero hubo una masacre en el corregimiento de Alto Potedó, zona rural de Buenaventura. Las autoridades indican que el hecho sería producto de una retaliación de Los Urabeños hacia La Empresa, por el control de las rutas para el narcotráfico en el municipio. Además, las víctimas concurrieron a una reunión pactada entre las dos bandas criminales con el fin de acordar una tregua y allí se habría presentado el enfrentamiento. En ese momento, se capturaron 20 personas de las cuales 3 eran miembros de Los Urabeños, los otros 17 correspondían a La Empresa. Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Díaz Montaño, de 18 años; Andrés Felipe Rivera, natural de Jamundí; Alexander Candelo Cuero; Edwin Vladimir Valencia Rodallega, de Buenaventuara; José Arbey Viáfara, de 21 años; Walter Venté Molina, de 21, y su padre Cirilo Venté; Diego Fernando Riascos; Jesús Darío Alvarez Rua, de 20 años, y Yulian Alfonso Alomía, de 24 años.

Sin embargo, esta no es la única masacre que se ha presentado en Buenaventura. El 19 de abril del 2005, 24 jóvenes de la Comuna 5 fueron reunidos para, supuestamente, ir a jugar un partido de fútbol en Puerto Dagua y por el cual les iban a pagar 200.000 pesos. 12 de estos jóvenes aún siguen desaparecidos, mientras que los cuerpos del resto fueron hallados en la Comuna 12 con signos de tortura. En ese momento, el crimen fue atribuido a un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, aun así con la investigación posterior fue posible establecer que fueron estos últimos quienes cometieron los asesinatos, por considerar a los jóvenes aliados de la subversión.

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