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Por estos días son varios los agremiados de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) que andan felices con el trabajo de la Fiscalía y la DIAN. El más reciente que los tiene tan satisfechos es el desmantelamiento de Iyeteca S. A. S., una empresa que ahora se hace llamar Operimpex S. A. S. y que tiene el récord de haber sido la primera compañía detectada por las autoridades que utilizó el TLC con Estados Unidos para defraudar al Estado. Metiendo “gato por liebre”, Iyeteca consiguió introducir al país prendas chinas declaradas como provenientes de Estados Unidos, lo que le ahorró cientos de millones de pesos en impuestos.
La historia de Iyeteca es un recordatorio de por qué los empresarios colombianos legales, a veces, encuentran tan empinado el camino hacia el éxito. Según estableció la Fiscalía, mientras compañías reconocidas como Croydon pagan US$4,4 por un par de zapatos con suela de caucho (unos $12.000), Iyeteca pagaba $0,38 (no más de $1.200). Es decir, la décima parte de los costos que asumían sus competidores. “Felicitamos a las autoridades por las labores que están haciendo por el sector”, le dijo a este diario Juliana Calad, directora de la Cámara de Algodón, Fibras Textiles y Confección de la Andi.
En voz baja, sin embargo, los empresarios son mucho más entusiastas aún de lo que oficialmente admiten. La captura de Jaime Auque (representante legal de Iyeteca), de Joaquín Bruges (cerebro de otro gran fraude a través de la Comercializadora Internacional Cititex, detenido en julio del año pasado), o de James Arias (el llamado zar de la chatarra), significa para ellos el fin de una competencia sucia y desleal, que hace tan difícil en un país como Colombia mantenerse en el mercado. Sin embargo, no celebran abiertamente por miedo. Sienten que estos contrabandistas son “pesos pesados”.
La investigación contra Iyeteca comenzó el 4 de diciembre de 2008 con un timbronazo: un reporte de operaciones sospechosas presentado por la Unidad de Información y Análisis (UIAF). En ese momento se evidenció que la empresa estaba registrando en el sistema cambiario nacional “declaraciones por valores muy superiores frente a las declaraciones de importación de mercancías provenientes de la República de Panamá”. Decían que habían pagado $20 y en realidad eran $100, cancelando impuestos por debajo de lo que les correspondía. De esa manera la Fiscalía empezó a detectar un incremento patrimonial injustificado.
Con base en el reporte de la UIAF, la Fiscalía comenzó a hacer búsquedas selectivas en la DIAN, el Banco de la República, algunas cámaras de comercio y entidades financieras. Lo que encontró fue que, al alterar los valores de las prendas, Iyeteca también alteraba sus ganancias. Por ejemplo, declaraba que un jean le había costado $1.000 cuando en realidad había pagado por él $200, y registraba que lo había vendido por $1.100. De esa forma, sólo tenía que pagar impuestos por $100 de ganancias, cuando en la vida real las ganancias habían sido de $900.
Así, de operación fraudulenta en operación fraudulenta, Iyeteca terminó configurando uno de los más grandes engaños tributarios del país: movimientos bancarios por más de $300.000 millones, de los cuales casi $150.000 millones no tenían justificación. Con otra empresa que también pertenecía a su conglomerado, Radan, se hallaron más de $53.000 millones sin justificar. Jaime Auque, representante legal, y su principal socio, Joel Rojas, aceptaron cargos. Juan Antonio Rodríguez, representante legal de Radan, y Naira Montaño, contadora de ambas empresas, también lo hicieron.
En el caso de Jaime Auque Cuello se determinó que desde 2006 figuraba como el contador de Iyeteca; en 2011 fue nombrado gerente y representante legal, y tenía el 10 % de las acciones de la compañía. Resultó además que su hija, Dalgy Rocío Auque, y su hermano, Rafael Auque Cuello, estaban vinculados a la empresa Radan –Dalgy Auque fue su representante legal–, a través de la cual se triangulaban las operaciones ficticias o alteradas con Panamá para que Colombia se inundara de prendas y zapatos a precios irrisorios. Desde hace años los empresarios textiles están peleando que este tipo de situaciones los tienen al borde de la quiebra.
Auque, Rojas, Rodríguez y Montaño admitieron los delitos que les imputaron: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. El que hasta antes de ellos era el rey del contrabando de textiles, Joaquín Bruges, aceptó esos mismos tres cargos y tres más: lavado de activos, exportaciones e importaciones ficticias y fraude procesal. Bruges, como la gente de Iyeteca, importaba ropa a un precio diez veces menor que el que se movía en el mercado. James Arias, por su parte, resultó con una fortuna de más de $330.000 millones facturando chatarra de manera ilegal para recobrar el IVA ante la DIAN. Con tanta trampa de por medio ser empresario en Colombia –dicen los empresarios de Colombia– “es muy jodido”.