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Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, se defenderá en libertad

El funcionario es investigador por la Fiscalía por sus posibles nexos con Odebrecht cuando fue gobernador de Boyacá.

Granados habría recibido $200 millones para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá, dice la Fiscalía.Cristian Garavito - El Espectador

El actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, se defenderá en libertad. La Fiscalía lo investiga por, supuestamente, favorecer a la firma Odebrecht con contratos de infraestructura, aprovechando su poder como gobernador de Boyacá, entre 2012 y 2015.

Concretamente, al funcionario lo señalan de supuestamente haber recibido $200 millones de la firma brasileña para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá, además de usar su influencia para que una de las filiales de Odebrecht fuera precalificada para competir por el contrato para la ampliación de la planta de tratamientos residuales El Salitre (PTAR Salitre) en Bogotá.

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Por estos hechos, el ente investigador le imputó tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público.  Ante los señalamientos, Granados se declaró inocente. La Fiscalía pidió que el funcionario fuera enviado a la cárcel, pero el magistrado no impuso ninguna medida de aseguramiento

La Fiscalía sustentó esta petición argumentando que Granados podría obstruir a la justicia, pero el magistrado consideró que las personas con las que trabaja ya dieron su versión ante las autoridades. “No solo los testigos han acudido a los llamados de la justicia, sino que el mismo imputado a estado atento a las citas que le ha hecho la Fiscalía cuando se ausenta de la ciudad y de su trabajo”, precisó el togado.

El ente investigador, apoyado por la Procuraduría, también dijo que el contralor representa un peligro para la sociedad por el número de delitos imputados, por las supuestas conductas que realizó y por su condición de funcionario público, encargado de la vigilancia y control fiscal de los recursos del distrito. Sin embargo, el magistrado expresó que las pruebas y lo dicho por la Fiscalía se deberá demostrar en el juicio.

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“La imputación de la Fiscalía contra una persona no es condición necesaria ni suficiente para la privación de la libertad o la imposición de una medida cautelar. Es exigible que se tengan elementos para inferir cómo habría podido ser a futuro la actuación del procesado con ocasión de tales conductas, ni tampoco se configuran uno de los artículos del Código de Procedimiento Penal, puesto que no se ha acreditado que Granados Becerra esté vinculado con una organización criminal”, precisó el magistrado.

El magistrado concluyó su intervención indicando que la Fiscalía no argumentó suficientemente la medida de aseguramiento ni tuvo en cuenta que existían otro tipo de medidas. Al término de la audiencia, Granados expresó que, en su condición de servidor público, dará las explicaciones correspondientes y que seguirá cumpliendo con sus funciones legales y constitucionales.

“Estamos satisfechos con la decisión. Fue una decisión en derecho que ha valorado las pruebas al punto que ha descartado la existencia de uno de los delitos y, en relación con la necesidad de una medida de aseguramiento, ha justificado probatoriamente por qué no se cumple ninguno de los elementos que justifican aprehender físicamente a una persona”, expresó Darío Bazzani, abogado de Granados.

(Lea: Plinio Olano habría financiado campaña de contralor de Bogotá con dineros de Odebrecht)

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Redacción Judicial

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