"Contralor General optó por no prorrogar contrato de arrendamiento"

En el fallo que negó la tutela presentada por el sindicato del órgano de control fiscal se indica que pese al anuncio no se tomaron acciones de defensa.

Archivo ElEspectador.com

El juzgado primero de ejecución de penas de Bogotá rechazó la acción de tutela presentada por el sindicato de la Contraloría General que buscaba que se les otorgara un plazo prudencial para buscar una nueve sede del órgano de control fiscal debido a la no prórroga del contrato de arrendamiento en las oficinas ubicadas en el centro comercial Gran Estación fase II en el occidente de la capital de la República. 

Sin embargo en el extenso fallo se hacen varias referencias a la demora en el plan de acción ante el fin del contrato de arrendamiento por parte del contralor General, Edgardo Maya Villazón. Igualmente se cuestionó que no se tomaran acciones de fondo para renovar el convenio contractual con la sociedad Proyectos y Desarrollos I S.A.

“Hasta la saciedad Proyectos y Desarrollos I S.A., ha manifestado su interés y voluntad en prorrogar el contrato, otra situación muy distinta a que el Sr. Contralor actual no tiene interés en ello, por considerar que dicho contrato es nulo, y que ya activó el mecanismo contractual propio y adecuado para la defensa de sus intereses solicitando la intervención del Tribunal de Arbitramento, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá”, se explica.

Para el despacho judicial la administración acutal no analizó la propuesta presentada por el arrendador o darle una solución ante la evidente problemática que se iba a presentar a finales del año pasado. En el fallo se hacen varias citaciones a episodios en los cuales se le pudo haber dado una respuesta a la grave situación y no se hizo. 

"Lo cierto es que el señor Contralor General actual optó por no prorrogar el contrato y adicionalmente esperó a que faltaran casi 19 días para su vencimiento para solicitar la convocatoria del Tribunal de arbitramento quedando la Institución que regenta en la condición que hoy desafortunadamente atraviesan sus servidores, sin una sede donde desarrollan sus labores”, precisa uno de los apartes de la decisión emitida el pasado martes.

En este sentido se agrega que "como bien lo afirma la sociedad demandada, decidió esperar hasta último momento, no sólo para accionar en tutela sino para activar el mecanismo propio de defensa previsto en el contrato de arrendamiento. Igualmente no fueron de recibo los argumentos que indicaban que la excontralora General, Sandra Morelli Rico enfrenta un proceso penal por las irregularidades que habrían rodearo la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede. 

"Tampoco surge una condición de subordinación no inferioridad por el hecho que la Fiscalía General de la Nación esté adelantando investigaciones respecto del bien inmueble donde funciona la Contraloría o sobre el contrato de arrendamiento del mismo, pues nada ha dicho el ente acusador al Sr. Contralor General de la República sobre una posible vinculación suya al proceso penal por una eventual prórroga del contrato", señala el fallo citando la respuesta que le envío el ente al despacho.

Finalmente se aclara que "si bien los funcionarios de dicha institución no cuentan con una sede de trabajo ello obedece puramente a la falta de una oportuna planificación y organización administrativa en la medida que si lo que se habia proyectado era por los motivos que fuere no prorrogar el contrato de arrendamiento con la firma Proyectos y Desarrollos, se debió seria y oportunamente buscar las alternativas de solución por parte del señor Contralor General de la República consumo con las organizaciones del Estado encargados para la obtención fuere mediante arriendo o compra de la nueva sede de trabajo donde funciona la Contraloría General de la República".