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La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $3.626 millones contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por las supuestas irregularidades en los pagos efectuados por la Gobernación de ese departamento en tratamientos y terapias basadas en neurodesarrollo a favor de diferentes Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la región. (Lea: Escándalo mayor en la Fiscalía)
Aunque el proceso se abrió el pasado 14 de junio, una auditoría del organismo de control ya había detectado que las supuestas terapias habían sido pagadas por la Gobernación, en el 2015, de forma integral y completa, cuando la normatividad establece que el POS del valor pagado debía ser recobrado por la administración departamental al sistema general de salud a través del Fosyga. (Lea:Por tercera oportunidad aplazan imputación de cargos contra el exgobernador Alejandro Lyons)
Sin embargo, la Gobernación ordenó el pago completo de paquetes integrales de terapias, permitiendo las irregularidades presentadas en los pagos. “Lo anterior significa que, con recursos públicos, la Gobernación de Córdoba asumió, durante las vigencias 2014 y 2015, los pagos relacionados con tratamientos médicos realizados supuestamente por IPS de la región, pero que debían ser asumidos por las EPS a las que pertenecían los pacientes”, dice la Contraloría.
Ips beneficiadas con los pagos
Por pagos, bajo el concepto de “terapias basadas en neurodesarrollo”, fueron beneficiadas varias IPS de la región, que recibieron sumas cercanas a los $10.000 millones. Así, las IPS son: Funtierra Rehabilitación Ltda., Crecer & Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa Ips S.A.S. y Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud Ips S.A.S. (Lea: Así fue como los corruptos desangraron al erario en Córdoba)
En los pagos efectuados, la Gobernación de Córdoba no verificó los componentes POS y No POS de los tratamientos cobrados por las IPS, efectuando pagos en exceso y omitiendo su recobro a las EPS y a los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS, que fueron pagados sin implementar los controles necesarios para detectar eventuales deficiencias e inconsistencias. Lo anterior, ocasionó una pérdida por $3.626 millones de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) asignados a la Gobernación.
Presuntos responsables
Este proceso de responsabilidad fiscal es el resultado de una auditoría adelantada, en 2015, a los recursos del SGP ejecutados por la Gobernación de Córdoba, hechos por los que deberán responder con su propio patrimonio, tanto el entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons Muskus, como su secretario de salud, Edwin de Jesús Preciado Lorduy. (Lea: Procuraduría citó a juicio disciplinario al exgobernador de Córdoba, Alejando José Lyons)
Por su parte, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, ha reiterado a la gerencia departamental de la Contraloría en el departamento de Córdoba, la importancia de adelantar con la “mayor celeridad posible” los tramites concernientes a la averiguación de bienes y al decreto inmediato de las medidas cautelares, especialmente por la naturaleza de los recursos afectados, es decir, de la salud.
Alejandro Lyons Muskus, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, está envuelto en otro escándalo pero, esta vez, por la captura el pasado martes del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, señalado por el organismo investigador - junto al abogado Leonardo Pinilla - de pedirle dinero al exgobernador de Córdoba a cambio de frenar las indagaciones que esa entidad adelanta en su contra. Asimismo, el pasado 9 de mayo, la Fiscalía anunció que le imputaría a Lyons 20 delitos por “la posible malversación de recursos que superan los $10.000 millones”. (Lea: Imputarán 20 cargos al exgobernador Alejandro Lyons)