Contraloría advierte millonario detrimento en obras de cárceles de Girón e Ipiales

En diversas auditorías adelantadas a las obras de construcción de los nuevos pabellones de las cárceles de Girón e Ipiales, el ente de control realizó varias observaciones de forma y de fondo a las construcciones. / Foto de referencia: archivo.

Foto: Archivo particular

Una auditoría realizada por la Contraloría a las construcciones de los nuevos pabellones de las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño) sacó a la luz varias irregularidades que se habrían cometido en el desarrollo de las obras. A través de un informe conocido por El Espectador y que está dirigido al mayor general Mariano Botero Coy, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el ente de control advirtió sobre un posible detrimento patrimonial de más de $180 mil millones en el desarrollo de los proyectos que, seis años después de que se suscribieran los contratos, no están en funcionamiento. (Lea también: Contraloría emitió 460 alertas por $34 billones en obras de infraestructura)

Por el lado de las obras relacionadas con la cárcel de Girón (Santander), la Contraloría señaló que, por cuenta de la emergencia sanitaria y carcelaria declarada por Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) suscribió el 31 de mayo de 2014 el contrato para la construcción del Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPAMS) Girón, una obra que lo que buscaba era descongestionar la antigua cárcel de Girón.

El monto inicial del contrato fue de $63.673.297.882 y el plazo para la construcción del establecimiento era de un año, que empezó a correr el 11 de febrero de 2015. Sin embargo, la obra no avanzó de la forma como se esperaba. Según la Contraloría, se presentaron 16 prórrogas y seis suspensiones del contrato. Además, se incluyeron ítems no previstos y cinco otrosíes para adicionar recursos que terminaron elevando el costo de la obra a $90.199.564.747.

La entidad señaló que algunos de los motivos de las prórrogas y suspensiones del contrato fue que el Director de Infraestructura solicitó suspensión porque necesitaba la visita de un funcionario de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) que determinara si era necesaria la licencia ambiental para la ejecución del proyecto. Luego de la visita del funcionario, este recomendó replantear el área escogida para la obra por las incidencias y afectaciones ambientales que podría generar la construcción.

Entonces, se hizo necesario adquirir otro lote y ajustar los diseños, además de ítems que o estaban previstos, lo cual genero prórrogas del contrato. En 2016 la Uspec decidió finalizar el contrato de auditoría cuando todavía no estaban terminados los contratos de obra y en 2018 firmó uno nuevo con Fonade, hoy Enterritorio. Y a eso se suma que en 2020 el Gobierno Nacional decretó la Emergencia Sanitaria por la pandemia por Covid-19 lo que generó otro retraso en la obra.

A todo esto se suma que, tal como lo señaló la Contraloría, los porcentajes de avance de las obras reportados por las interventorías a la Uspec no reflejaban el avance real de la ejecución de las obras y, mientras tanto, la Uspec autorizó el pago de actividades y cantidades de obras no ejecutadas, no terminadas, no instaladas o que no cumplían con las especificaciones mínimas establecidas en el contrato. Ante los hallazgos, el ente de control le solicitó al Inpec y a la Uspec información para determinar si la obra, finalmente, cumplió con los principios y fue entregada. (Le puede interesar: Ceden corredor Santana-Mocoa-Neiva a Rodovías Colombia)

Pero las conclusiones no fueron más alentadoras. De acuerdo con el reporte de las entidades carcelarias, la Contraloría concluyó que “a la fecha el Inpec manifiesta que no existe acta de recibo de la obra (…) a pesar de que el contrato ya terminó y se liquidó, igual situación con los contratos de dotación”. Además, el ente de control informó que en diciembre de 2020 adelantó una visita a la obra en compañía de funcionarios del establecimiento y de la Uspec, en la que se evidenciaron varios pendientes de forma y de fondo en la obra, los cuales fueron consignados en un acta de inspección.

Respecto a las observaciones de forma, la Contraloría pidió evaluar si era necesario el concepto técnico por parte de bomberos de la red contraincendios, cambio de extintores porque vencieron, revisar los cierres de las puertas porque algunas no cierran, instalación de puertas en los baños y las duchas de las celdas primarias, entre otras. Asimismo, cuestionó que en las zonas educativas se instalaron lavados pero no tienen grifería por lo que se desconoce su función. Además, solicitó la construcción de un depósito, un baño para operarios y un sitio para el acopio de residuos sólidos. En total fueron más de 20 observaciones.

Sobre las observaciones de fondo, la entidad cuestionó que construyeron el área de Sanidad en el segundo piso, pero no cuenta con ruta de evacuación por camilla y no tiene acceso para personas con discapacidad; algunos de los alojamientos no cumplen con las necesidades de operación porque solo se construyó un alojamiento mixto para aproximadamente 25 funcionarios, cuando se requieren 300 cupos para personal; las áreas de caniles (albergues para los perros de seguridad) presentan varias deficiencias; no se visualizan trampas de grasa en el rancho, ni bodega de acopio para expendio y rancho.

“A pesar de los recursos invertidos para subsanar los problemas de hacinamiento, las deficiencias en la planeación, programación, supervisión, seguimiento del proyecto, ha generado que casi seis años después el Estado colombiano no cuente con un Establecimiento apto para el traslado de los PPL (personas privadas de la libertad) y que ayude a mejorar los niveles de hacinamiento”, determinó la Contraloría haciendo énfasis en que lo ocurrido dio lugar al “menoscabo de los recursos públicos” pagados a los contratistas para el desarrollo de un proyecto que a la fecha no está en funcionamiento.

Además, el ente de control señaló que, además de haber un presunto detrimento patrimonial, también habría una presunta incidencia disciplinaria toda vez que la afectación fiscal se habría presentado “como consecuencia de una gestión antieconómica e ineficiente realizada por la entidad (Uspec) al pagar por unos contratos que a la fecha no han atendido la necesidad para la cual se pensaron”.

Hallazgos en la construcción de la cárcel de Ipiales

La situación de esta obra, que es una extensión de la antigua cárcel de Ipiales, es muy similar a lo ocurrido con los nuevos pabellones de Girón. El contrato para la construcción de este centro de mediana seguridad conexo con el establecimiento penitenciario de Ipiales, se firmó el 31 de mayo de 2014 por un monto inicial de $53.828.883.756 y un plazo inicial de un año que empezó a correr a partir del 9 de febrero de 2015. No obstante, la obra sufrió varios percances. (Lea también: Alerta de Contraloría de Bogotá por falta de personal y atención en comisarías de familia)

Durante la ejecución del contrato se presentaron 14 prórrogas y seis suspensiones. También, se incluyeron ítems que no estaban previstos y adiciones de recursos de más de $20 mil millones que terminaron en un total contratado de $74.438.434.281. La Contraloría indicó que se trata de una obra a la que se le han realizado varias auditorías que han dejado hallazgos de carácter administrativo, disciplinario y fiscal con el fin de que se adoptaran correcciones de manera oportuna para que el proyecto llegara a un buen fin.

No obstante, señaló el ente de control que en múltiples oportunidades se observó que los porcentajes de avance de las obras reportadas no reflejaban el avance real de las mismas y que, al igual que en el caso de Girón, la Uspec autorizó el pago de actividades y cantidades de obra no ejecutada. Entonces, “a pesar de que el pasado 11 de febrero de 2021 el Gobierno Nacional protocolizó ante medios de comunicación la inauguración de los nuevos pabellones de la cárcel de Ipiales, lo cierto es que a la fecha no se encuentran en funcionamiento y el Inpec no ha recibido las instalaciones por varios pendientes que tiene la infraestructura física”.

Lo que explica la Contraloría es que hay debilidades en la coordinación entre el Inpec y la Uspec para garantizar la eficiencia y eficacia de los proyectos de infraestructura carcelaria, pues en las actas de recibo del contrato, hay múltiples pendientes por requerimientos realizados a última hora por el Inpec. “A pesar de los Recursos invertidos para subsanar los problemas de hacinamiento, las deficiencias en la planeación, así como la falta de coordinación entre la Uspec y el Inpec, ha generado que a la fecha, es decir casi 6 años después, el Estado Colombiano no cuente con un Establecimiento apto para el traslado de los PPL que ayude a mejorar los niveles de hacinamiento”, señaló el ente control.

En este caso, también se alertó sobre un presunto detrimento patrimonial de $84.659.825.488 que corresponden al contrato inicial y a los otros contratos de interventoría, dotación y obras complementarias que fueron suscritos para garantizar estos nuevos cupos. Al cierre del informe, la Contraloría estableció un plazo de tres días para que el Inpec y la Uspec envíen los soportes que consideren pertinentes con respecto a los hallazgos de la entidad. Sin embargo, fuentes del Inpec consultadas por este diario indicaron que el informe debe estar dirigido a la Uspec, por ser la encargada de las contrataciones de infraestructura y de las adecuaciones y la construcción de los nuevos pabellones de esos centros carcelarios.