Preocupa además el caso de la segunda pista de El Dorado y el Canal del Dique

Contraloría dice que Ruta del Sol II no cumple con licencia ambiental

De acuerdo con el ente de control, la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales no le ha hecho seguimiento a por lo menos a 442 licencias de esta megaobra. En general, para las empresas está resultando más barato incumplir las normas y pagar multas después.

De acuerdo con la Contraloría, la Ruta del Sol II es uno de los casos más graves en el incumplimiento de las licencias ambientales.Archivo

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) nació en septiembre de 2011 como una entidad desligada al Ministerio de Ambiente que, hasta esa fecha, manejaba los avales para realizar proyectos de construcción en todo el país. La misión principal de ese organismo, con autonomía e independencia presupuestal y del ministerio, era garantizar una administración transparente y con resultados positivos. Sin embargo, la Contraloría acaba de revelar que el seguimiento a las licencias ambientales a grandes obras de infraestructura que ha otorgado, no ha sido lo que se esperaba y, por el contrario, habría un riesgo de deterioro ambiental .

De acuerdo con el ente de control, después de realizar una auditoría en las oficinas de la ANLA, se encontró que hay por lo menos cuatro casos de extrema gravedad: el de la Ruta del Sol 2 (la cuestionada obra por la que Odebrecht pagó sobornos en Colombia); el de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Salitre) en Bogotá; el del Canal del Dique; y el de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

“El caso más grave se evidencia con la licencia ambiental otorgada por ANLA al consorcio que está construyendo la Ruta del Sol II... Se encontraron 442 hallazgos por incumplimiento en un solo año, en tres tramos distintos, todos repetitivos y no se evidenciaron procesos sancionatorios iniciados por autoridad por los cuantiosos incumplimientos a la licencia ambiental, mucho menos multas por el daño ambiental generado por el consorcio”, explica la Contraloría.

El informe que presentó el ente de control explica además que, pese a que la ANLA sí ha evidenciado varios incumplimientos en sus licencias, la autoridad no sanciona las faltas, “ya sea porque no sanciona o, si sanciona, la sanción resulta muy débil o la impone muy tarde en el tiempo, dando como resultado que el beneficiario de la licencia incumpla en forma reiterada la licencia, con el consecuente deterioro ambiental”.

Por otra parte, en el caso de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, la Contraloría evidenció que la Aerocivil y Opaín, quienes tienen la licencia ambiental desde 1995, han incumplido de forma “reiterativa” el permiso otorgado por la ANLA y han afectado el medio ambiente, sin que la autoridad les haya impartido una sanción consecuente con los daños. El informe de auditoría explica que además que, si en este caso se han impuesto multas, estas han sido muy bajas y “por tanto resulta más barato incumplir la licencia ambiental, en detrimento del medio ambiente, que cumplirla”.

Otro de los casos que menciona la Contraloría es el de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Salitre (Bogotá). Allí, las auditorías revelaron que la Empresa de Acueducto de Bogotá, desde el segundo semestre del 2014, no ha presentado los informes de medición de olores ofensivos, una obligación impuesta por el Ministerio de Ambiente en 2013, a pesar que ANLA le ha hecho cinco requerimientos semestrales, desde entonces. “Al igual que en los casos anteriores, la ANLA no ha sancionado al beneficiario de la licencia ni ha impuesto multas por este incumplimiento, a pesar que las comunidades alrededor del parque Salitre se quejan constantemente por los olores que allí se producen”, dice la Contraloría.

En cuanto a los incumplimientos en el Canal del Dique, la Contraloría encontró que la ANLA participa en el desarrollo del proyecto que tiene 17 programas y 55 proyectos de manejo ambiental, “sin que se adelante un proceso de licenciamiento previo que establezca su intervención como autoridad ambiental en el tema de licenciamiento, lo que puede representar riesgos en su ejecución y el control de sus impactos”. En otras palabras, explica el ente de control, el “Plan de restauración y recuperación de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”, (el nombre del proyecto), no tienen licencia ambiental.

Según las cifras que recibió la Contraloría hasta diciembre de 2016, “la ANLA tenía a su cargo el seguimiento a 133 planes de manejo ambiental y 1.182 licencias ambientales (de las cuales 467 se refieren a proyectos de hidrocarburos, 201 de infraestructura, 39 de generación de energía, 17 de minería, 23 de otros sectores y 435 de plaguicidas)”.

Las debilidades evidenciadas por el ente de control, “indican un claro riesgo de deterioro ambiental asociado al incumplimiento reiterado de las medidas de manejo por parte de los ejecutores de los proyectos, obras o actividades, así como a la baja efectividad del proceso de seguimiento que realiza la ANLA a las licencias ambientales otorgadas”.