'La Contraloría ha sido austera con la seguridad'

La funcionaria invitó a “que se comparen los recursos destinados al pago de gasolina por vehículo del esquema de seguridad de la Contralora frente a los de otros funcionarios públicos”.

En respuesta a los documentos dados a conocer por El Espectador (vea aquí el informe) –sobre un supuesto detrimento patrimonial cometido por la contralora Sandra Morelli por cuenta de gastos en gasolina para carros que no pertenecen a esa entidad y por tres cuestionados contratos–, la contralora Morelli respondió que “sería muy ilustrativo para los señores periodistas interesados en este tema, indagar acerca del número de carros blindados y de personas participantes en los esquemas que se utilizan para los jefes de otros organismos del Estado.

Fácilmente podrán advertir la austeridad con que la Contralora ha mantenido su seguridad no obstante los dictámenes y estudios de seguridad que para su caso y el de su familia se han producido. Al respecto vale la pena mencionar que, según dictamen, el nivel de riesgo de la contralora se equipara al del presidente, procurador y fiscal”.


Incluso, invitó a los periodistas a “que se comparen los recursos destinados al pago de gasolina por vehículo del esquema de seguridad de la contralora frente a los de otros funcionarios públicos”. Agregó, además, que “con la nota del diario El Espectador lo que sale a la luz es que se conoce sobre la existencia del vehículo privado y eso denota seguimiento e infiltración en el esquema de seguridad de la Contralora General de la República, lo que pone en evidencia que el riesgo se está incrementando", dando a entender que los documentos conocidos por El Espectador y que ya se encuentran en poder de la Auditoría –que investiga a la contralora por estas supuestas irregularidades– habrían sido obtenidos de forma ilegal.

Al margen de esa apreciación, son los hallazgos preliminares de la auditoría los que llaman la atención: un detrimento de casi $118 millones por gastos de $6.800.000 en gasolina para carros que no son de esa entidad y $111 millones en tres cuestionados contratos: el de los conductores Samuel Bejarano y José Manuel Sánchez, y una secretaria, Amanda González.

En cuanto a las investigaciones en su contra, Morelli señaló que “en visita recientemente efectuada a la Contraloría General de la República, se le explicó detenidamente a la señora Auditora General de la República, que el esquema de seguridad de la Contralora y de su familia (su madre y su hijo), ha sido cuidadosamente conformado desde su ingreso a la entidad, toda vez que en septiembre de 2010 se contaba solo con un carro blindado, la Contralora Sandra Morelli puso a disposición del esquema otro carro blindado, de su propiedad, para cuya movilización se siguieron los procedimientos correspondientes. Los gastos de mantenimiento corren por su cuenta.

Se menciona por el autor de la nota un vehículo que no es, ni ha sido parte del esquema de seguridad de la Contralora y cuyo origen se desconoce”. Y en relación a los cuestionados contratos de dos conductores y una secretaria que le causaron a la Contraloría un supuesto detrimento de $118 millones, Morelli indicó que “se refieren a tres personas que son de la entera confianza de la Contralora y cuya vinculación se hizo con estricto apego a la ley”.