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Antes de que el país entrara en cuarentena total por la pandemia del COVID-19 y se suspendieran los términos en la mayoría de lo procesos judiciales, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al director de la Policía, general Óscar Atehortúa. Ahora, el mismo contrato que lo llevó al banquillo de los acusados en el Ministerio Público, podría estar enredando al alto oficial en la Contraloría, que ya advirtió un posible detrimento patrimonial por más de $5.000 millones.
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Se trata de un contrato para la construcción de 59 casas fiscales que iban a albergar a funcionarios de la Fuerza Pública en San Luis, Tolima, y que Atehortúa firmó cuando estuvo al frente del Fondo Rotatorio de la Policía. La obra se contrató bajo la modalidad de llave en mano por cerca de $10.930 millones. Duró desde octubre de 2011 hasta que fue liquidado el 17 de diciembre de 2015 y, además, el proceso de construcción del proyecto inmobiliario fue vigilado por una interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
El contralor delegado para el sector de defensa y seguridad, Sebastián Montoya, le envió una carta a Atehortúa donde le resume el estudio de fondo que hizo el ente fiscal, le advierte que hay posibles detrimentos patrimoniales y le pide un plan de mejora para no tener que intervenir. Esto, según advierte la misiva, pues el acta de inicio de la obra, suscrita el 27 de diciembre de 2012, solo disponía de tres días para la construcción de las 51 viviendas, lo que hizo necesario prorrogar en tres ocasiones la entrega final.
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La primera prorroga llegó el 31 de diciembre de 2012, dándole un respiro al contratista para entregar la obra hasta mediados de 2013 y a su vez creando una reserva presupuestal para asegurar el pago del contrato que podría ser ejecutada hasta el 31 de diciembre del 2013. Sin embargo, en junio de 2013 una nueva prorroga extendió la entrega hasta octubre y el 31 de diciembre una tercera extensión dio un plazo de ejecución a mayo de 2014. Con esta última decisión, la reserva presupuestal de $5.022 millones se venció y la obra quedó desfinanciada.
Aunque esto fue corroborado por la interventoría de la Distrital, “a la fecha han transcurrido aproximadamente 4 años en los cuales no se evidencia gestión alguna para la terminación de la obra y cumplimiento de los fines para los cuales se hizo la inversión de los recursos públicos”, se lee en la cara de la Contraloría. Por todo esto, el ente fiscal advirtió “debilidades en la Interventoría y desconocimiento de los principios que rigen la actividad contractual, entre ellos, el de planeación que hace referencia a aquellas actividades previas a un proceso contractual encaminado a determinar en forma precisa la necesidad pública que se pretende satisfacer, el objeto a contratar e indispensable la correcta inversión de recursos públicos”.
(Vea: Director de la Policía, general Óscar Atehortúa, fue llamado a juicio disciplinario)
Además, la Contraloría agrega: “en definitiva se puede decir, que no se realizó una adecuada planeación, ya que como se indicó se celebró un contrato para la construcción de 51 viviendas en un plazo de tres (3) días, se constituyó un Reserva Presupuestal que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 y sin observancia de esto, se prorrogó el plazo de ejecución hasta agosto de 2014, sin ajustar a la realidad contractual la forma de pago pactada, lo que ocasionó como se dijo y se repite, el contrato quedara desfinanciado y con ello que la inversión de los recursos de la segunda etapa del proyecto Ciudadela Policial CENOP en San Luis, Tolima, no estén cumpliendo actualmente su finalidad social”.
Estas y otras posibles irregularidades ya habían sido advertidas por la Inspección de la Policía y, posteriormente, por la Procuraduría en el pliego de cargos con el que llamó a juicio disciplinario al alto oficial. De hecho, uno de los cargos que el Ministerio Público le endilga al director de la Policía tiene que ver con que mientras la Inspección lo investigaba, él como máximo jefe de esta fuerza, mandó a vacaciones de 400 días al inspector general. La decisión desencadenó choques en la cúpula de la institución que se hicieron públicos. Finalmente, por orden presidencial, el inspector, general William Salamanca, pudo regresar a su cargo y para la Procuraduría, la decisión podría constituir un uso indebido de la influencia derivada del ejercicio de su cargo. Es decir, el director pudo haberse aprovechado de su prominencia en la institución para buscarse un resultado favorable.