La decisión se tomó después de revisar la inmunidad jurisdiccional que tiene el IICA como organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). De hecho, desde el inicio de este proceso judicial, la inmunidad del IICA ha sido reiterada una y otra vez y, por lo tanto, se han dificultado los avances en este expediente. Entre otras razones, porque fue el IICA el encargado de desarrollar los convenios de cooperación que hoy sustentan las acusaciones, por ejemplo, en contra del detenido exministro Andrés Felipe Arias y otras condenas conexas.
De acuerdo con las pesquisas de la justicia, el IICA —organismo especializado en temas de ciencia y tecnología— “presuntamente contrató servicios y productos ajenos al objeto de dichos convenios”. Precisamente, la Contraloría busca establecer si por esa vía el Estado perdió más de $14 mil millones.
También el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) fue vinculado al proceso fiscal por su concurrencia en convenios interadministrativos del AIS en los cuales la Contraloría encontró ejecución de los recursos para actividades de publicidad que presuntamente nada tenían que ver con el destino original de los dineros.
Esta semana un juez absolvió a la exreina de Colombia Valerie Domínguez por este caso. Se constató, resaltó la sentencia, que ella actuó siempre de buena fe y que el verdadero responsable del desfalco al Estado había sido su novio el empresario Juan Manuel Dávila, ya condenado junto a su padre, madre y hermana, por haber recibido más de $2.000 millones de forma irregular para un predio que fue parcelado en el Magdalena. El exministro Andrés Felipe Arias sigue en juicio en la Corte Suprema.