¿Por qué se conmemora la Semana del Detenido Desaparecido?

hace 2 horas

Contratista del Ministerio del Interior en embarazo será reintegrada por orden judicial

Luego de trabajar siete años con el Ministerio del Interior, el contrato de Tatiana González no fue renovado justo después de avisar que estaba embarazada. El Tribunal de Bogotá no solo le dio la razón, sino que recordó algo esencial: que la estabilidad laboral reforzada aplica para cualquier mujer en embarazo, sin importar el tipo de contrato que tenga.

Tatiana González acaba de ganar su batalla judicial y será reintegrada al Ministerio del Interior.Mauricio Alvarado - El Espectador

Este ha sido uno de los años más difíciles para Tatiana González: en enero, tras siete años de trabajar como contratista del Ministerio del Interior, supo que su contrato no fue renovado. Una noticia que le cayó como balde de agua fría pues, en octubre del año pasado, ella había avisado al Ministerio que estaba embarazada. Entonces comenzó una batalla legal para conseguir que la reintegraran, sin éxito. El pasado 12 de febrero, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá le dijo que el Ministerio tenía el derecho de dejarla en el aire a pesar de su estado, pues ella era una contratista por prestación de servicios. (El drama de una contratista del Ministerio del Interior que quedó embarazada)

En medio de las llamadas acosadoras de los bancos, González siguió dando la pelea. Con la ayuda de una abogada amiga de su madre -siendo ella misma madre y contratista que se quedó sin empleo cuando cambió la administración distrital-, apeló la tutela, que llegó al Tribunal Superior de Bogotá. Allí, por fin, Tatiana González vio luz al final del túnel. El pasado 16 de marzo, justo el mismo día en el que el Consejo Superior de la Judicatura determinó que los juzgados, tribunales y altas cortes suspenderían términos a raíz del nuevo coronavirus, el Tribunal de Bogotá falló en favor de González.

El juez de primera instancia le dijo que, si ella quería su reintegro al Ministerio, era su deber comprobar en un juzgado civil que el suyo fue un contrato realidad -es decir, un contrato laboral mimetizado en uno de prestación de servicios-. El Tribunal de Bogotá, en cambio, resaltó que el Congreso, desde hace muchas décadas, ha expedido normas “a efecto de garantizar la protección laboral de las mujeres en estado de embarazo y evitar su despido por esa especial situación”. Citó, por ejemplo, la Ley 53 de 1938: “No podrá despedirse de su oficio a ninguna persona empleada u obrera por motivos de embarazo o lactancia”. (El pánico que viven las mujeres embarazadas en China por el coronavirus)

Con ponencia de la magistrada Susana Quiroz, la Sala que tomó esta decisión unánime, compuesta también por los magistrados Ramiro Riaño y Julián Rodríguez Pinzón, argumentó que la protección a las mujeres en estado de embarazo está determinada desde la Constitución del 91 y que esa premisa ha tenido un desarrollo jurisprudencial desde la Corte Constitucional -en el que los jueces podrían apoyarse para fallar casos similares-. Aun así, el Ministerio del Interior, en su momento, le dijo a Tatiana González que, precisamente, la Corte Constitucional les daba la razón.

Cuando el Ministerio del Interior le explicó a González su decisión de no renovarle el contrato, el pasado 29 de enero, le contestó que la estabilidad laboral reforzada, a la que González apelaba dada su gestación, no aplicaba para ella por ser una contratista por prestación de servicios. Es decir, que no había vínculo laboral entre ella y el Ministerio, y sin vínculo laboral, no había protección laboral. “Esta posición jurídica está respaldada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en el fallo de tutela T-743 de 2017 la Sentencia de Unificación SU-070 de 2013”.

El Espectador revisó entonces ambos expedientes. La tutela 743 de 2017 se refería al caso de una mujer llamada Xiomara Llanes, una encuestadora de la Alcaldía de Lourdes, en Norte de Santander, quien avisó que estaba embarazada y su contrato terminó después, sin renovación a la vista. En ese caso, la Corte Constitucional confirmó que no había contrato realidad y que el pacto laboral entre ella y la Alcaldía siempre tuvo vocación temporal. Un escenario distinto al de González, quien empezó a trabajar desde 2013 con el Ministerio y año tras año vio renovado su contrato, hasta el día en que avisó que estaba embarazada.(Trump limitará visas a mujeres embarazadas para frenar el "turismo de maternidad")

La sentencia unificada 070 de 2013 fue el examen de 33 casos de mujeres que acudieron a la justicia pidiendo protección laboral reforzada. En varios, los empleadores arguyeron que el fuero de maternidad solo aplicaba para los vínculos laborales, del cual no gozaban los prestadores de servicios. O sea: lo mismo que le dijeron a González. En ese mismo fallo, no obstante, la Corte hacen dos advertencias claves. La primera, que no existe una regla general y se debe analizar caso a caso. La segunda, que el argumento de la prestación de servicios no era excusa suficiente para quitarle a una mujer en embarazo la protección debida.

El Tribunal Superior de Bogotá señaló al respecto, con base en la misma sentencia unificada de la Corte, que “la estabilidad laboral reforzada para este tipo de población (mujeres en embarazo) se constituye como una acción afirmativa a su favor, lo cual responde a la desventaja que afrontan, pues deben soportar los mayores costos de la reproducción de la maternidad, ausentarse temporalmente de su cargo para ejercer ese rol de cuidado de los niños recién nacidos, generándose un desincentivo para el empleador (…) implica una desventaja para las mujeres en el mercado laboral”.

Asimismo, el Tribunal reiteró un punto esencial para mujeres en circunstancias similares a las de González: que si una entidad decide no renovar el contrato de una trabajadora que está en embarazo, tiene que haber “autorización previa del funcionario competente, quien debe verificar si existe justa causa probada para el despido”. El Tribunal reconoció que las posturas judiciales que se han sentado sobre este tema son diversas, pero, asimismo, señaló que ya la Corte Constitucional se puso en la tarea de reiterar lo fundamental y unificar criterios con la sentencia unificada 075 de 2018.  (La contaminación atmosférica puede llegar a la placenta)

Con base en ella, el Tribunal resaltó algo esencial: que la estabilidad laboral reforzada para las mujeres gestantes y lactantes, la misma que González le pidió al Ministerio que tuviera en consideración por su embarazo -encontrando una respuesta negativa en la entidad-, “aplica independientemente de la modalidad del vínculo laboral que exista entre las partes, pues el objetivo de la figura es la protección de aquellas, por cuanto el principio de estabilidad en el empleo se predica de todos los empleadores, sin importar la naturaleza de la relación contractual”. 

El Tribunal agregó que, si no quería renovar el contrato de González, lo que el Ministerio del Interior debió hacer fue “acudir ante el inspector de trabajo”, tal cual reza la ley, “independiente de que se tratara de un contrato” de prestación de servicios. Al no haberlo hecho, concluyó el Tribunal, hubo un “trato desigual” hacia su contratista. Sobre todo porque, en su criterio, “no se observa que el objeto contractual por el cual fue vinculada (…) hubiera desaparecido”. O sea que el problema no era que las funciones hubieran concluido, sino que González, embarazada, las tuviera a cargo.

Así las cosas, el Tribunal revocó la sentencia del Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá y le dio la razón a Tatiana González, para quien la pandemia por el nuevo coronavirus fue el último golpe de un año de por sí ya le resultaba cruel. “Con todo esto de la cuarentena, el dólar tan caro, se hizo imposible comprar cosas para el bebé. Tengo dos amigas más que sus bebés ya van a nacer y no tienen nada, si de pronto alguien tiene como ayudarnos, ¡lo agradecemos! Estos meses han sido muy duros, más con la cuarentena, debo tres meses en todo y los bancos me siguen llamando”.

Luego de que El Espectador denunciara la problemática que afrontaba González, voces en el Congreso anunciaron que esta corporación se alistaba para seguir discutiendo una iniciativa para fortalecer aún más la estabilidad laboral de las mujeres en embarazo, pues, si algo dejan ver casos como este es que, a pesar de que las normas y la Constitución ya indican qué se debe hacer, los empleadores siguen operando de forma contraria. El proyecto de ley señala que, cuando se termine o no se renueve el contrato de una mujer en gestación. El asunto, sin embargo, entró en cuarentena con el resto del país.

Pero he aquí la luz al final del túnel: el Tribunal ordenó al Ministerio del Interior que, dentro de los siguientes cinco días hábiles a la notificación del fallo, renueve el contrato por prestación de servicios de González, en los mismos términos en que celebró el del año anterior y hasta que culmine su periodo de lactancia. González le confirmó a este diario que ayer 30 de marzo la contactó la secretaria personal de la ministra, Alicia Arango, para pedirle los documentos necesarios con el fin de hacer la renovación laboral. Con una diferencia solamente: la pondrán en un área donde no tenga que viajar tanto como lo hacía antes.

 

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2020-03-31T14:44:18-05:00

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Diana Durán Núñez / @dicaduran

Judicial

Contratista del Ministerio del Interior en embarazo será reintegrada por orden judicial

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