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Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, empresa operadora del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander en 2016, logró un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público y privado. (Le podría interesar: 28.000 niños afectados por la suspensión del PAE en Quindío)
La contratista pagaría 42 meses de prisión (tres años y seis meses), pena que quedaría en firme el próximo 23 de julio cuando el juzgado que adelanta la investigación realice la lectura de la sentencia condenatoria. La investigación dice que en el contrato suscrito entre la gobernación de Santander y la cooperativa se habrían desviado dineros que estaban destinados para la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de ese departamento.
Ese contrato, explicó la Fiscalía, se firmó el 21 de abril de 2016 por un valor de $23.844 millones para 82 municipios no certificados, es decir, sin la autonomía para manejar recursos de alimentación escolar por contar con menos de 100.000 habitantes. Y, en septiembre de ese mismo año, se realizaron dos adiciones más: la primera por $6.700 millones y la segunda por $5.200 millones. En total, ese contrato terminó costando más de $35.000 millones. (Lea también: La nueva investigación que enreda al gobernador de Norte de Santander)
El ente investigador dice que encontró anomalías en las condiciones del contrato, pues este se habría definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y la experiencia. Igualmente, en el análisis de la contabilidad, los investigadores dicen que las organizaciones que suministraban los alimentos no existían, estaban inactivas o cursaban procesos de liquidación. “En la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica”, precisó la Fiscalía.
Asimismo, se habría encontrado que dos de los profesionales presentados en el pliego de condiciones nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa Surcolombia e irregularidades en la contabilidad de gastos en marzo y abril, cuando no se había firmado el contrato. “Los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias y establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica”, reportó la Fiscalía en el curso de las pesquisas. (Le sugerimos: Fiscalía investiga irregularidades en el PAE en 35 regiones del país)
Por estos hechos, Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación Departamental de la Gobernación, y Aníbal González Sánchez, coordinador del PAE, también son investigados.