Contratistas pagaron $500 millones a la Procuraduría para aval de proyecto de fase III de TransMilenio

Así lo manifestó el exsubdirector del IDU, Inocencio Meléndez.

Ante la jueza décima especializada, el exsubdirector técnico del IDU, aseguró que el concejal Jose Juan Rodríguez y el contratista Julio Gómez influenciaron en la Procuraduría Distrital para que le diera el visto bueno al proyecto de la Fase III de TransMilenio.

En su intervención, Meléndez Julio indicó que un grupo de contratistas interesados le habrían pagado 500 millones de pesos y cinco cuotas burocráticas al entonces procurador segundo distrital Hernán Briñes Rojas para que avalara el proyecto para la ejecución de la obra de instalación del sistema masivo en la calle 26.

Esto se hizo debido a las declaraciones hechas por el alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón cuando aseguró que si la Procuraduría aprobaba el proyecto presentado se abría el proceso de licitación para la entrega del multimillonario contrato vial.

Igualmente se indicó que pese a las evidentes fallas que presentaba el proyecto el representante del Ministerio Público manifestó en su concepto que cumplía con todos los requisitos exigidos para abrir la licitación.

El exfuncionario indicó que conoció de primera mano las constantes reuniones celebradas en el apartamento de la directora del IDU, Liliana Pardo en las que participaron el concejal de Bogotá y el polémico contratista para hablar de la adjudicación de dicho contrato.

En dichas reuniones además, según el testigo, se habló de la forma para archivar cualquier investigación sobre las irregularidades en la entrega de estos contratos de intervención y obra.

Estas declaraciones fueron presentadas en el proceso que se adelanta en contra de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo y el excontralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi. 

El poder en el IDU

Ante las preguntas de la Fiscalía, Meléndez Julio indicó que en el Instituto de Desarrollo Urbano no se le pasaba un proyecto a Liliana Pardo sin el visto bueno de Ana María Ospina, quien era la mano derecha de la directora del IDU y cuota de Julio Gómez.

En este caso manifestó que su oficina no podía actuar con independencia puesto que todos los proyectos tenían que presentárselo a Ospina, con la que tuvo varios enfrentamientos.

En su testimonio, Meléndez Julio aseguró que existía un control jerárquico en el IDU y que las personas anteriormente nombradas tenían conocimiento total de las fallas que presentaba el contrato

“Ahora Ana María Ospina se lava las manos y la Fiscalía no ha hecho nada”, manifestó visiblemente alterado el exfuncionario en el marco de la diligencia judicial.