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El 2 % de los contratos firmados entre marzo y junio de 2020 por gobernaciones y alcaldías en el marco de pandemia de COVID-19, se hicieron con personas que fueron aportantes de las campañas de los candidatos que resultaron ganadores en 2018 y 2019. Este fenómeno, parecido a un “tú me financias, y yo te devuelvo con contratos”, está en la mira de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General.
“Es tratar de recuperar sus inversiones con la plata de la contratación del COVID-19. Eso es imperdonable. Una ignominia. Este es un frente de investigación en el que vamos con todo, vamos a desarraigar esa costumbre de aprovecharse de la contratación pública para pagar los favores por cuenta del financiamiento de las campañas”, dijo el procurador Fernando Carrillo.
En una primera mirada, la Procuraduría, identificó 147 contratos por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, “encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones”.
El Ministerio Público anunció que esta nueva línea de investigación de los entes de control tuvo en cuenta un informe de Alianza Ciudadana Activa y Transparencia por Colombia y explicó que se está haciendo una vigilancia que se encontraron 117 contratos entregados a financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, aseguró que uno de estos casos se dio en el Vichada pues el ciudadano Jorge Eliércer Forero aportó $40 millones a la campaña de Álvaro Arley León, quien resultó electo como gobernador, y tiene hoy un contrato firmado por $1.714 millones. “Vemos también la contratación de aportantes en Boyacá. Un aporte de $102 millones y hemos encontrado contratos de transporte por $70 millones”, dijo Córdoba.
También se encontró un contrato similar en la Gobernación del Caquetá por $1.600 millones a una persona que aportó $157 millones a la camapaña. Y otro en la Gobernación del Amazonas en la que un grupo aportó $20 millones y ese mismo grupo ahora tiene un contrato por $ 316 millones. “La alcaldía de Andes en Antioquia, con Juan Diego Mendoza Ochoa, quien hizo un aporte de $ 2 millones y le dieron un contrato por $29 millones”, dijo Córdoba.
Otro caso se dio en Argelia, en Antioquia, con un ciudadano que aportó $8 millones a la campaña y tiene un contrato por $120 millones. “En Barbosa (Antioquia) Silvia Gómez García hizo un aporte de $10 millones y tiene un contrato por $24 millones de catering. Alcaldía del Carmen del Viboral, el contratista Distribuciones Distrimax hizo un aporte de $9 millones y tiene un contrato por esos valores”, agregó.
Los casos siguen en varios municipios de Antioquia, Boyacá, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Risarlada, Santander, Sucre, Tolima y el Valle. Los organismos de control analizan posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública. Por esa razón, se creó una comisión de procuradores para hacer estas pesquisas.