Controversia en caso 'chuzadas'

Dos conjueces de la Corte Suprema advirtieron que no estaban de acuerdo con que no se tuviera en cuenta a las víctimas en este proceso.

Fernando Tabares, exjefe de inteligencia del DAS. Jorge Lagos, exjefe de contrainteligencia. /Archivo - El Espectador

“No se debe premiar la arrogancia ni las meras estrategias procesales: la humanización del derecho penal debe llevar explícita la dignificación de la víctima y el reconocimiento de su dolor”. Esta frase hace parte de la aclaración de voto presentada por el conjuez Alejandro Aponte, al fallo en el que una sala de conjueces de la Corte Suprema de Justicia avaló el preacuerdo al que llegaron los capitanes (r) Jorge Lagos y Fernando Tabares con la Fiscalía, en donde se acordó una pena de 8 años de prisión, a cambio de su colaboración en el proceso por las ‘chuzadas’ del DAS.

El preacuerdo fue impugnado por la Procuraduría y por el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema —y víctima de las interceptaciones ilegales del DAS—, Iván Velásquez, quien consideró que éste era injusto y violaba “el debido proceso, al desconocer el derecho de las víctimas a la verdad”. Según Velásquez, no se tuvo en cuenta a las víctimas a la hora de avalar este preacuerdo, sobretodo con una pena tan baja para unos delitos tan graves. El exmagistrado dijo, que con un acuerdo así la justicia no daba un mensaje distinto que “atentar contra las más altas dignidades no amerita gran reproche, cuando los responsables aceptan los cargos”.

La Corte no estuvo de acuerdo. Sostuvo que los derechos de las víctimas tienen límites, entre ellos que están excluidas de participar en los preacuerdos, que eso sólo les compete “al acusador y al acusado” y que la víctima no puede convertirse en un “segundo acusador”. No obstante, los conjueces Aponte y Julio Sampedro, se apartaron de estos conceptos al señalar que no se puede minimizar la importancia de las víctimas en la consecución de preacuerdos que no sean una burla para la justicia, sino un mecanismo exitoso para llegar a la verdad.

En criterio de estos conjueces, la intervención de las víctimas, como contribución a la verdadera solución de los conflictos, debe apoyar también “la construcción de relatos en el sistema penal” que ayuden a entender las posibles causas de estos delitos. En el caso de las ‘chuzadas’, por ejemplo, observar el contexto político que llevó a una central de inteligencia a violar la ley, con el único fin de perseguir a magistrados, periodistas y opositores del gobierno de Álvaro Uribe.

Aponte sostuvo en su aclaración de voto que lo que se busca hoy día es crear un “gran relato que propicie la creación de entornos sociales y políticos con base en los cuales actos deleznables, como las escuchas ilegales, no vuelvan a ocurrir”. Por su parte, Julio Sampedro señaló que negarle a las víctimas su derecho a participar en los preacuerdos “afecta su derecho a la verdad y la justicia”. Según dijo, el sistema penal colombiano ha avanzado hacia un sistema de reconocimiento integral de las víctimas, por lo que ellas pueden participar en aquellas diligencias que afecten sus intereses y pretensiones.

Sampedro, resaltó que si bien la víctima no puede convertirse en un “segundo acusador”, no es menos cierto que “tiene derecho a participar en preacuerdos para que sus intereses sean tenidos en cuenta y sus derechos les sean respetados”. Añadió el conjuez que, el concepto de justicia de hoy reconoce “sus derechos como el camino obligado a seguir para la construcción de una sociedad más humana”, en una propuesta que propende por el diseño de una justicia de las víctimas “sin venganza, que fije su mirada en el sufrimiento de los inocentes, en la reparación del daño ocasionado voluntariamente y la proyecte como un valor superior, condición ineludible de la paz”.

Esta visión de la justicia, según Sampedro, “hace que el proceso, de ser un espacio irreal, deshumanizado y excesivamente dogmático, pase a ser un escenario para el encuentro víctima-victimario, un espacio para el testimonio que creativamente enlaza la experiencia pasada y la presente, y la proyecta a un futuro, para que el pasado no quede en el olvido, y para que aquel que recibe la experiencia pueda rehacerla y aprender de ella”. Unas aclaraciones que quedarán para la galería, en tanto la Corte impuso con esta sentencia serias restricciones a las víctimas. Contrariando, además, fallos de la Corte Constitucional, según le dijeron a este diario varias fuentes consultadas.

Tanto Tabares como Lagos, exjefes de inteligencia del DAS, purgarán 8 años de prisión por este caso, pero a sus víctimas este tiempo les sigue pareciendo demasiado corto en contraste con los delitos que perpetraron. Al margen de la controversia, lo problemático parece ser la posición de la Corte con respecto a la participación de las víctimas en preacuerdos.

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