Corrupción a través de los PAE podría haber afectado a 600.000 estudiantes

La Procuraduría abrió las puertas a que los investigados a rendir versión libre, si así lo desean. / Defensoría del Pueblo

La Procuraduría anunció que está investigando a once gobernadores, dos exgobernadores, un alcalde y dos exalcaldes de diferentes regiones del país por presuntas irregularidades en la contratación de los Programa de Alimentación Escolar (PAE). El ente disciplinario asegura que por lo menos 600.000 estudiantes, entre niños, niñas y adolescentes, fueron afectados.

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca por el partido de La U, es una de las investigadas junto a su secretaria de Salud porque, además de que se presentaron los mismos retrasos que en los otros departamentos, la mandataria habría escogido directamente al contratista, omitiendo la convocatoria pública a la que la obliga la ley. Por la misma razón se investiga al exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, destituido el año pasado por irregularidades en el nombramiento del gerente del hospital local.

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En Arauca la Procuraduría encontró que más de 300 menores habrían resultado intoxicados conalimentos que les dieron en la escuela. El gobernador de ese departamento, Ricardo Alvarado Bestene, también del partido de La U, no solo habría incurrido en los mismos retrasos que sus colegas, sino que, además, enfrentaría cargos por “presuntas deficiencias técnicas, sobrecostos, y anomalías en la adjudicación, ejecución y supervisión” del contrato del PAE, con un valor cercano a los mil millones de pesos.

Sobre alcalde de Quibdó, Isaías Chala Ibargüen, la Procuraduría dijo que, “al parecer, no contrató con lista de precios y no hay claridad sobre dos prórrogas realizadas al negocio jurídico”. El ente disciplinario no precisó si en ese municipio hubo los mismos retrasos que en otras regiones, pero aclaró que indagará en los criterios de contratación de la Alcaldía “para fijar el valor de la ración y si (el contrato) estuvo fundamentado en las exigencias y lineamientos del PAE”.

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Manuel Vicente Duque, el exalcalde de Cartagena que renunció al cargo desde la cárcel en 2017 y que ya fue inhabilitado el año pasado, está siendo investigado ahora porque habría inflado los precios en los contratos del PAE, generando sobrecostos por casi $200 millones, según la Procuraduría. Por estos cargos ya lo estaba buscando la Fiscalía desde diciembre de 218. “Se encontraron alimentos cuyo valor unitario al parecer podría desbordar los establecidos en el mercado para esa vigencia: pechuga de pollo por valor unitario de $40.000; carne molida por $38.000; bofe por $15.000 y carne a $25.000”, declaró el ente de control.  

Los mandatarios podrían resultar inhabilitados, de demostrarse su responsabilidad en los hechos que, según la Procuraduría, “podrían vulnerar los principios que rigen la contratación estatal como lo es la economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva”. Mientras las investigaciones avanzan, cualquiera de los implicados puede presentarse ante el ente disciplinario para rendir versión libre, si así lo desean. 

Entre los gobernadores en ejercicio se encuentran los de Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Vaupés, quienes podrían ir a juicio disciplinario por cuenta de los retrasos en la contratación de los servicios de alimentación. A pesar de haber comenzado clases en enero, los estudiantes empezaron a recibir alimentación casi dos meses después, en marzo o, como en el caso de Quindío y Sucre, casi cuatro meses después, en mayo.