La corrupción en carne y hueso

La caída de este emporio brasileño comenzó con la captura de su presidente, Marcelo Odebrecht. Los efectos en Colombia apenas empiezan a sentirse.

Otto Bula fue capturado el sábado pasado. Rechazó los cargos que le imputó la Fiscalía. / Cristian Garavito

Hasta el 19 de junio de 2015, Odebrecht era la constructora más grande de Latinoamérica y operaba en 27 países. Los rumores de que sus proyectos se cruzaban con lo ilegal no pasaban de ser eso, comentarios de pasillo. Pero ese viernes, Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más influyentes en su país, pasó de ser el nieto de Norberto Odebrecht, el fundador del emporio brasileño, a ser una pieza clave de la justicia de Brasil y de Estados Unidos para comprender la telaraña en que se habían convertido sus negocios, infectados con el virus de la corrupción.

El 8 de marzo del año siguiente, el juez federal de Brasil Sergio Moro sentenció a Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión porque, desde la presidencia del grupo Odebrecht, había facilitado el pago de más de US$30 millones a funcionarios de Petrobras, la empresa petrolera estatal más grande de Brasil. Por esa época, parecía que los tentáculos de la corrupción de Odebrecht no alcanzaban de modo alguno a Colombia. Hoy, con un exviceministro detenido que admitió haber recibido US$6,5 millones para garantizarle un millonario contrato a Odebrecht, el panorama es completamente distinto.

En los últimos seis días, Colombia ha sido testigo de un torbellino de información por cuenta del caso Odebrecht, que representa en carne y hueso la manera como se mueve la corrupción desde el sector privado y cómo esa corrupción entró también a Colombia. El exviceministro detenido, Gabriel García Morales, confesó que como director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco, luego ANI) enrutó la licitación del Sector 2 de la Ruta del Sol, 518 kilómetros que van desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta San Roque (Cesar), para que Odebrecht y sus socios fueran los únicos victoriosos en el proceso. Así sucedió en diciembre de 2010.

La investigación que está haciendo la Fiscalía, que hasta ahora ha sido contundente, está respaldada por las indagaciones llevadas a cabo en el último par de años por los sistemas judiciales de Brasil y de Estados Unidos. Precisamente, fue el subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Stephen Richardson, quien el 21 de diciembre del año pasado anunció, junto con un delegado de la Fiscalía de ese país, que Odebrecht y Braskem, una subsidiaria de la constructora, habían aceptado cargos y una sanción de por lo menos US$3,5 billones, convirtiéndose en “el caso más grande de soborno en la historia”.

Desde entonces, la investigación de Estados Unidos, que tiene en su haber varios testigos que trabajaban para Odebrecht —incluido el propio Marcelo Odebrecht, a cambio de una pena menos dura—, ha sido fundamental para que en Colombia se empiece a esclarecer de qué manera actuó la compañía en el país. El nombre de Gabriel García Morales encabezaba la lista de sospechosos; él lo negaba. En cuestión de semanas su destino cambió: fue capturado el pasado jueves 12 de enero y tres días más tarde, con una salud bastante debilitada, le aceptó a la Fiscalía que había abusado de su cargo y había cedido a la tentación del dinero de Odebrecht.

Sin la investigación de Estados Unidos, la Fiscalía colombiana no tendría hoy entre sus archivos la declaración que Eleuberto Matorelli le entregó al Ministerio Público de Brasil, cuando ya era evidente que el efecto dominó que había causado la condena de Marcelo Odebrecht pronto tocaría a Colombia. Y sin esa declaración, que al parecer se entregó con soportes de pagos, el excongresista liberal Otto Bula —quien reemplazó al entonces senador Mario Uribe cuando éste fue detenido por parapolítica— no habría sido detenido. Pero Matorelli habló y, se supone, entregó pruebas para respaldar sus palabras.

Por eso, hoy la Fiscalía puede afirmar que Otto Bula fue contratado por Odebrecht en 2013 con la misión muy específica de hacer todo el lobby, debido e indebido, para lograr que al contrato del Sector 2 de la Ruta del Sol le agregaran uno de forma directa: fue la adición número 6, que firmó la ANI en marzo de 2014. Ese contrato les trajo varias ventajas a Odebrecht y sus socios, como la construcción de una nueva ruta que sumó $670.000 millones al presupuesto de $2 billones del contrato inicial; el aumento del valor de los cinco peajes, que ya tenían en un 15 %, y la construcción de dos más, o cinco años más de plazo para el proyecto. Bula negó los cargos en su contra.

Los US$6,5 millones que admitió haber recibido Gabriel García Morales y los US$4,6 millones que, dice la Fiscalía, recibió Otto Bula —para él y para otros— suman los US$11 millones que, desde el 21 de diciembre, la justicia de Estados Unidos advirtió que habían entrado a Colombia entre 2009 y 2014. El grupo élite que creó el fiscal general para atender este caso, compuesto por tres fiscales y 20 investigadores, sospecha que esa suma podría ser mucho más alta. En menos de una semana, con un año que apenas arranca, ya van dos capturas importantes. Desde ya, el caso Odebrecht promete remover mucho más al país político.