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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en contra del senador liberal Álvaro Ashton, por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.
La decisión la tomó el presidente de la Sala Penal, magistrado Eugenio Fernández Carlier, tras analizar una serie de llamadas que fueron interceptadas en el proceso por parapolítica. “Las grabaciones se encontraron en el desarrollo de las investigaciones por parapolítica, por tanto, se determinó realizar una ruptura procesal para iniciar una nueva investigación”, señalaron fuentes de la Corte Suprema de Justicia.
En dichas interceptaciones se halló una conversación de agosto de 2014, se evidenció que, al aparecer, el congresista hablaba con un empleado del Hotel Prado de Barranquilla, para poder ingresar menores de edad al hotel. Igualmente, la Sala Penal ordenó una diligencia de inspección judicial al Hotel y fue citado a declarar el empleado.
Álvaro Ashton, quien se define como “liberal por genética”, está en el Congreso desde 2002, negó en entrevista con Blu Radio los señalamientos en su contra. “Sí tengo entendido que se abrió una investigación preliminar hace algunos días. No hay evidencias que prueben que he actuado al margen de la ley y menos en este tipo de situaciones”, puntualizó.
Este no es el único proceso que se adelanta contra el senador liberal. Tiene una investigación formal en su contra por el delito de cohecho por dar u ofrecer. El alto tribunal quiere establecer si el congresista le dio plata al exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, a cambio de influir en expedientes judiciales que ese tribunal lleva en su contra.
Desde que se empezaron a conocer de cómo funcionaba el llamado cartel de la toga, el nombre de Ashton salió mencionado en varios testimonios. Por un lado, las interceptaciones que hizo la DEA de conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Pinilla —socio de Moreno—.
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema que se investigue a los congresistas Armando Benedetti, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Sandra Villadiego, Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute y Martín Morales como supuestos receptores de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. El ente investigador aseguró que a ellos se los conocía como el ‘grupo Buldócer’, cuya función era tumbar desde el Congreso cualquier obstáculo para sus intereses.
La Corte Suprema de Justicia lo investiga por parapolítica y otra por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y, según la declaración del exmagistrado auxiliar José Reyes, sería una de las piezas claves en la investigación contra el magistrado Gustavo Malo. Reyes trabajó en el despacho de este último hasta el 2015.