Corte cita al alto Gobierno para discutir el caso del magistrado Pretelt

Tras finalizar la sesión extraordinaria de este viernes se le hizo un llamado al Presidente de la República, Procurador General, Fiscal General y presidente del Senado para buscar una salida a esta crisis en el alto tribunal.

Redacción Judicial
20 de marzo de 2015 - 05:48 p. m.

La Sala Plena de la Corte Constitucional citó a una reunión a los representantes del Gobierno Nacional para discutir el tema de la crisis interna que se ha presentado en el alto tribunal, tras la denuncia presentada contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chajub por presuntamente recibir 500 millones de pesos para favorecer el trámite de una acción de tutela que buscaba anular una multa de 23.500 millones interpuesta por la Corte Suprema de Justicia.

En la Sala Extraordinaria celebrada este sábado se le hizo una invitación al presidente de la República, Juan Manuel Santos; al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; al fiscal General, Eduardo Montealegre y al presidente del Senado, José David Name para buscarle una salida conjunta a este tema que ha afectado el buen nombre y la imagen de la Corte Constitucional. (Ver Los detalles de la denuncia contra el magistrado Jorge Pretelt)

ElEspectador conoció además que en la sesión un grupo de magistrados propusieron suspender los términos de las acciones de tutela que son estudiadas actualmente puesto que insisten en que no sesionarán hasta que el magistrado Pretelt Chajub no renuncie a su cargo de manera “inmediata e irrevocable”. Esto se sumarà al llamdo hecho el pasado martes cuando se los ocho magistrados de la Corte Constitucional le pidieron que se alejara de su cargo.

"La decisión que le exigimos plantea un problema de responsabilidad personal, pero este debe ser resuelto con arreglo a la ética y al Derecho. En este marco consideramos que la manera de asumir la exigencia de salvaguardar la independencia y autonomía de la justicia constitucional, y la integridad de sus derechos, es preservar la credibilidad de la ciudadania en este Tribunal", precisó.

En este sentido aseguró que esta exigencia "no se edifica entonces en el ámbito penal ni político. Se orienta a mantener centrados los esfuerzos de la Corte Constitucional en sus esenciales y bajo la confianza de su colectividad en que nuestras decisiones dependen exclusivamente del imperio de la ley y la mejor interpretación de la Constitución".

"Sin la credibilidad y la confianza públicas, las funciones de este Tribunal pierden arraigo y eficacia. No tiene sentido por consiguiente que pongamos los derechos individuales de cada uno de nosotros por encima de la legitimidad del Tribunal Constitucional. Sin una Corte que cuente con la credibilidad pública todos nuestros derechos, incluidos los suyos propios, están en riesgo de carecer de garantía judicial necesaria e inaceptable de eficacia institucional".

El pasado martes el Senado de la República le negó la licencia de dos meses solicitada por el magistrado mientras se definía su situación jurídica en la investigación que le adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. 

Por Redacción Judicial

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