Corte Constitucional exige nuevos estudios de riesgo para dos líderes sociales

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La Unidad Nacional de Protección había disminuido el esquema de seguridad de dos líderes sociales, quienes cuestionaron la medida en tres instancias. Tras elevar respectivas acciones de tutela, la Corte Constitucional le ordenó a la institución que vuelva a evaluar el nivel de riesgo de estas personas.

Saúl David Carrillo Urariyu, expresidente de la Asociación de Autoridades y Cabildos indígenas Wayuu, gozaba de un robusto esquema de protección personal, pues en 2017 fue catalogado como una persona que tenía un riesgo extraordinario, a razón de sus denuncias como defensor de las comunidades indígenas del caribe colombiano. En 2019, tras perder dos puntos porcentuales en la evaluación de la Unidad Nacional de Protección (de 53% a 51%), la institución decidió retirarle el auto blindado en el que se movilizaba y uno de los dos escoltas que lo protegía.

Este es un escenario similar al del líder social Francisco Barreto, quien fue miembro de la extinta Unión Patriótica y actualmente hace parte del Partido Comunista Colombiano, a quien en dos años la UNP le restó 12 puntos porcentuales en su calificación de riesgo -quedó en 40 %-. La institución le suspendió la compañía total de sus escoltas. Tras cuestionar el caso en dos instancias judiciales, tanto Carrillo Urariyu, como Francisco Barreto, elevaron respectivas acciones de tutela ante la Corte Constitucional. Luego de analizar las denuncias contra la UNP, el alto tribunal les dio la razón.

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“Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, en un término no mayor a un mes contado a partir de la notificación de esta providencia, realice un nuevo estudio del nivel de riesgo de los señores Saúl David Carrillo Urariyu y Francisco Barreto, para lo cual deberá tener en cuenta los elementos de contexto en que se encuentran los solicitantes, y los patrones de victimización recientes contra los líderes sociales”, falló la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera.

La Corte, entonces, revocó los fallos proferidos a favor de la Unidad Nacional de Protección por el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar (La Guajira), en el caso del líder indígena Carrillo Urariyu; y por el Tribunal Superior de Neiva, en el del líder político Francisco Barreto, quien también es promotor de la Cooperativa de excombatientes de las Farc-ep. Para la Corte Constitucional, la UNP no pudo sostener cuál era el parámetro para desmotar o reconfigurar las medidas de seguridad, sobre todo en casos los que sólo hay un cambio de dos puntos porcentuales.

“Aunque la entidad (UNP) recolectó valiosa información de distintas fuentes, el análisis presentado no permite descartar el nivel de amenaza sobre los accionantes, dejando un margen de duda que, en las condiciones actuales, puede resultar fatal, como efectivamente ha sucedido en otros casos durante el último año en los que líderes sociales con calificación del riesgo similar a la de los accionantes fueron asesinados”, aseguró la Corte Constitucional.

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De acuerdo con datos de la Unidad Nacional de Protección, en el último año, siete de sus protegidos fueron asesinados, teniendo como calificación un porcentaje similar al de Carrillo Urariyu y al de Francisco Barreto. Se trata de Karina García Sierra (53,33 %); Jhonatan Borja, quien ni siquiera tenía evaluación; Freddy Martínez (38,88 %); Edinson León (62,22 %); Jorge Ortiz (42,22 %); Andrea López (34,44 %); y Rodrigo Salazar (52,22 %). Ninguno fue catalogado como de “riesgo extremo”.

El 11 de febrero de 2014, cuando Saúl David Carrillo Urariyu fungía como presidente de la Asociación de Autoridades y Cabildos indígenas Wayuu, denunció que la tranquilidad de su resguardo fue interrumpida por cuatro tanques de guerra del Grupo de Caballeria N°2 del Ejército, con el objetivo de presuntamente disuadir el trabajo de denuncia contra la empresa minera El Cerrejón. “Exigimos al Estado colombiano el retiro inmediato de los tanques y tropas de nuestro territorio, y que cese su actitud parcializada a favor de los intereses de la empresa”, expresó en una carta el líder indígena.

Por denuncias como esta, Carrillo Urariyu solicitó que la Corte Constitucional proteja sus derechos, pues se siente en un constante estado de peligro. De hecho, el líder indígena anexó una denuncia ante la Fiscalía, del 13 de febrero de 2018, cuando un motociclista con el rostro cubierto se acercó a su hermano para, supuestamente, decirle lo siguiente: “Dile a Saúl que como siga hostigando con paros y ‘huevonadas’ me iba a pesar, que como se me ocurriera bloquear la vía nuevamente con la comunidad me tenían que buscar en la morgue”.

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Por su parte, el líder Francisco Barreto anexó un panfleto amenazante que recibió en septiembre de 2018, cuando al parecer las denominadas Águilas Negras lo declararon a él, junto con otras ocho personas y a todos los partidos políticos de oposición, como objetivos militares por ser “contrarios al proyecto político propuesto por el doctor Iván Duque”. Así lo denunció el Partido Comunista Colombiano: “El propósito es generar pánico y desvertebrar los movimientos democráticos para garantizar la plena hegemonía de las fuerzas de la extrema derecha en la sociedad. Algo similar sucedió en la época de la violencia en los años 50 y también durante el Frente Nacional”.

La Corte Constitucional también ordenó a la UNP preparar un reporte bimensual actualizado sobre los líderes y defensores de derechos humanos asesinados y, además, actualizar sus criterios de identificación de riesgo. “La persecución y asesinato de líderes sociales no solo implica la violación a sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representa una pérdida colectiva y un grave retroceso en la consolidación del país como una República verdaderamente democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad”, concluyó.

En Colombia hay un total de 7.519 beneficiarios de esquemas de seguridad de la UNP, los cuales se dividen en razón de su cargo, como el presidente y funcionarios públicos, y particulares en consecuencia de su riesgo extraordinario. En el segundo rubro, se registran 6.189 adscritos. La institución cuenta como miembros especiales de protección a 1.228 defensores de derechos humanos, 1430 líderes étnicos, 297 líderes sindicales y 182 periodistas y comunicadores, entre otros.

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