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La Sala Plena de la Corte Constitucional dio su aval este miércoles a dos decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia dictado por la pandemia del COVID-19, que contienen medidas para atender la crisis. En primer lugar, declaró ajustado a la Constitución el decreto 458 de 2020 que permitió hacer transferencias monetarias a los programas de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.
Ese ingreso adicional cobija a 2.6 millones de hogares en familias en acción y a 204.000 estudiantes de bajo recursos de Jóvenes en Acción y a 1.5 millones de adultos mayores, entre otros. Según explicó la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, cada hogar de Familias en Acción recibe alrededor de $145.000 cada dos meses y, con este giro, se buscó aliviar los efectos de la pandemia en esas familias.
El caso lo proyectó el magistrado Luis Guillermo Guerrero y fue declarado exequible con una votación de 8-1. El salvamento de voto fue de la magistrada Diana Fajardo mientras que los magistrados Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo y Alberto Rojas Ríos aclararon su voto. De otro lado, la Sala Plena avaló por unanimidad el decreto 434 de 2020 que otorgó plazos adicionales para la renovación de la matrícula mercantil y otros registros que integral el Registro Único Empresarial, RUES.
Ese decreto, por ejemplo, extendió el plazo para la renovación de la afiliación a las Cámaras de Comercio y permitió que las reuniones ordinarias de asambleas se puedan hacer al mes siguiente de la finalización de la emergencia sanitaria, entre otros. Este caso estaba a cargo del despacho de la magistrada Gloria Ortiz Delgado.