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La batalla del Gobierno para pasar el examen en la Corte Consitucional, en donde se están revisando todos los decretos, leyes y actos legislativos relacionados con la paz, acaba de tener una victoria más.
La Sala Plena del alto tribunal avaló el decreto 894 de 2017 en el que el Departamento Administrativo de la Función Pública reformuló las normas vigentes bajo las cuales se rige la capacitación, el entrenamiento y el ejercicio de los empleos públicos en el país. El objetivo principal de este cambio es preparar a los servidores públicos para que estén capacitados para implementar el Acuerdo Final de paz en todo el país, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto.
El decreto además plantea que lo más importante es generar capacitaciones, estímulos, evaluaciones de desempeño, plantas temporales de servidores públicos, especialmente los que trabajan a nivel territorial. Para el Gobierno, tener un equipo de funcionarios públicos entrenados para aplicar todos los puntos del Acuerdo Final es una prioridad y por eso mismo, tramito este decreto vía fast track.
Este decreto responde a lo planteado en uno de los apartados del segundo punto del acuerdo que dice que el Gobierno deberá poner en marcha mecanismos y acciones para “capacitar a funcionarios públicos y a líderes de las organizaciones y movimientos sociales para garantizarla no estigmatización", así como "capacitar a organizaciones y movimientos sociales, así como a funcionarios públicos en cargos de dirección, en los niveles nacional, departamental y municipal, en el tratamiento y resolución de conflictos" para brindar garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización.
Después del debate jurídico en la Corte Constitucional, que tuvo como ponente a la magistrada Cristina Pardo, el decreto es constitucional y solamente le puso una condición: que este decreto solo se podrá aplicar a temas que estén relacionados exclusivamente con la implementación del Acuerdo Final.