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Para el próximo 19 de marzo fueron citados a la Corte Constitucional diferentes representantes del Estado a una audiencia pública en la que se presentarán sus conceptos frente a las irregularidades que se presentan en el sistema de salud en el departamento del Chocó.
El magistrado Jorge Iván Palacio, quien preside la sala especial de seguimiento del alto tribunal les envió unos cuestionarios frente sobre temas relacionados a la crisis en el sistema y solicitó que se plantearan soluciones a corto y largo plazo para superarlas.
Igualmente solicitó un informe sobre las actuaciones que se han adelantado hasta la fecha para superar estas problemáticas, las cuales han sido denunciadas desde hace muchos años en el departamento, principalmente en lo referente a la atención y el acceso al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.
En la citación se manifiesta que deben exponer las medidas que se han implementado “en cumplimiento de sus funciones constitucionales, en aras de garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud en el departamento del Chocó, así como en las demás zonas del país con carencias y desigualdades socio-económicas evidentes, principalmente donde cuyos hospitales se encuentren intervenidos por más de 18 meses”.
En noviembre del año pasado la Corte Constitucional realizó una visita a dicho departamento. En esta se constató las deficiencias y anomalías del sistema, hecho por el cual el solicitaron a las autoridades encargadas tomar cartas en el asunto frente a las problemáticas identificadas.
Entre estas se encontraban las precarias instalaciones, la falta de medicamentos, la ausencia de profesionales de la salud en diferentes áreas, entre otros. “¿Qué ha causado que el modelo de salud actual no sea capaz de cumplir con algunas de las condiciones básicas de atención de la población chocoana?”
A la diligencia fueron citados el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; el contralor General, Edgardo Maya Villazón; el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Así como el superintendente de Salud, Norman Julio Muño; el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; y el presidente de la Comisión Séptima del Senado Eduardo Enrique Pulgar, entre otros.