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La Corte Constitucional declaró en 2013 que en las cárceles del país había un estado de cosas inconstitucionales pues consideró que en los penales se violaba de manera masiva y sistemática los derechos fundamentales de los presos. Desde ese entonces, autoridades y hasta el alto tribunal le han seguido la pista a la grave situación, pero sin éxito pues la crisis por el coronavirus volvió a poner sobre la mesa la precariedad de lo que pasa dentro de las cárceles. Por esto, la Corte le pidió explicaciones al Gobierno pues considera como criticó lo que está pasando dentro de las prisiones de Colombia.
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Lo hizo a través de un auto que firmó la magistrada Gloria Stella Ortiz. Allí, la jurista hizo un barrido de lo que ha pasado desde 2013, y mencionó las declaraciones que ha hecho la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, que se creó hace precisamente siete años, pues consideran que son insuficientes las medidas que ha tomado el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19. La Comisión explicó también que, pese a que se han tomado algunas decisiones, en cárceles como la de Acacías, la Cárcel de Mujeres de Chimitá, la de Jamundí o la de Medellín, no se están cumpliendo.
Por esta razón, la Comisión le pidió a la Corte que intermedie en la situación. Y así lo hizo. Para el alto tribunal, es necesario indagar sobre las medidas adoptadas por las autoridades “para evitar, contener o controlar el eventual contagio por COVID-19 en los establecimientos de reclusión del país, brindar los insumos y elementos necesarios para este fin, reducir el impacto de la enfermedad y brindar el tratamiento adecuado a quienes lo requieran”. Por esta razón, la Corte le ordenó al Gobierno a que, en un máximo de tres días, le envíe información clave para entender qué está haciendo el ejecutivo frente a este problema.
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Le pidió, por ejemplo, que le explique cuáles son los planes de contingencia adoptados para prevenir, detectar, contener y tratar el coronavirus en las cárceles, “En particular, deben identificar las medidas de protección que se han implementado o implementarán a corto, mediano y largo plazo, en relación con el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad con ocasión de la propagación del COVID-19 en el país. Al Ministerio de Justicia le pidió información sobre cuál es el proceso de articulación con las entidades territoriales y secretarías de salud para la atención de las personas privadas de la libertad durante la emergencia ocasionada por el virus COVID-19.
A este ministerio, pero también a la Fiscalía, la Policía, al Inpe y al Ministerio de Defensa les pidió que, también en tres días, realicen una caracterización de la población vulnerable al virus COVID-19 (adultos mayores, pacientes con VIH, diabetes, enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas u otras condiciones de salud relevantes). “Deberá realizarse en todos los lugares en los que se encuentren personas privadas de la libertad, con inclusión de los establecimientos a cargo de los entes territoriales”, señaló la Corte, que también quiere saber si el Ministerio de Hacienda ha destinado más presupuesto para enfrentar esta crisis en las cárceles.
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Asimismo, la Corte le pidió al Inpec y al Ministerio de Justicia que le informen sobre los resultados de las medidas adoptadas en la declaratoria de emergencia carcelaria. Aunque la resolución se firmó el pasado 22 de marzo, hasta ahora no se han tomado medidas de fondo pues los decretos que, por ejemplo, ordenaría la descongestión de las cárceles, no se ha firmado. El auto de la Corte Constitucional finaliza con la firma de la magistrada Ortiz, pero también de sus compañeros de Sala de de Seguimiento, los juristas Carlos Bernal y José Fernando Reyes.
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