Corte Constitucional define futuro de queja disciplinaria contra senador Julián Bedoya

Hasta el alto tribunal llegó un conflicto de competencias sobre cuál es la entidad que debe adelantar el proceso disciplinaria del senador del Partido Liberal porque, supuestamente, no respetó el debido proceso en el caso del exmagistrado Jorge Pretelt. La disputa es entre Procuraduría para asuntos disciplinarios y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El congresista Julián Bedoya del Partido Liberal, investigador del caso, y el exmagistrado Jorge Pretelt.Archivo El Espectador / El Universal

Casi tres años antes de que la Corte Suprema de Justicia condenara al exmagistrado Jorge Pretelt por haber pedido $500 millones para incidir en el trámite de una tutela, su abogado alertó que quien había hecho la acusación en contra de su cliente había violado el debido proceso y le brindó las garantías suficientes. Se trataba del hoy senador del Partido Liberal, Julián Bedoya quien, como miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, fue el encargado de presentar el escrito de acusación en contra de Pretelt en septiembre de 2016.

En ese momento, el abogado del exmagistrado, Abelardo de la Espriella, anunció que había presentado ante la Procuraduría un queja disciplinaria en contra del congresista y que preparaba también una denuncia. Hoy, el caso está en la Corte Constitucional. Hasta el alto tribunal llegó un conflicto de competencias que surgió de esta queja y que no ha tenido hasta ahora solución. La pelea radica en que no está claro quién debe investigar al senador Bedoya por este caso, si la Procuraduría para asuntos disciplinarios o la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

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Precisamente este caso se incluyó en el orden del día de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que ya empezó a realizar las reuniones de manera virtual a raíz de la emergencia que vive todo el país por cuenta de la pandemia por el Covid-19. El estudio del caso le correspondió a la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien ya presentó la ponencia a sus demás compañeros de Sala y se tenía previsto que fuera una de las primeras discusiones que los magistrados adelantarían de manera remota. El trasfondo de la discusión en la Corte se limita a establecer quién debe adelantar la investigación.

Sin embargo, hay de por medio un proceso disciplinario con implicaciones para el senador Bedoya. De acuerdo con la queja que presentó el abogado De la Espriella, el congresistá cerró antes de tiempo, y de manera abrupta e injustificada, la etapa de instrucción de la investigación, negándole al exmagistrado la práctica de pruebas solicitadas. En la queja, el abogado aseguró que el entonces representante investigador no le brindó las garantías judiciales a su defendido pues, en repetidas oportunidades, se le insistió para la recolección de nuevos elementos materiales probatorios fundamentales en la estrategia de la defensa.

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El representante Bedoya, añadió el abogado De la Espriella, en ningún momento dio respuesta oportuna a dichas solicitudes y el 4 de junio de 2015 cerró la fase de instrucción. Agregó que se le impidió presentar los respectivos recursos de reposición y apelación, consagrados en la ley, con los que se buscaba reabrir la indagación para practicar tres pruebas que consideraba fundamentales. Asimismo, cuestionó el hecho de que en la sesión en la Cámara de Representantes en la que se avaló la apertura de una investigación formal contra el magistrado se hizo casi que de manera clandestina. 

Para el abogado en el acta nunca aparecieron las firmas de todos los representantes que aseguraron haber participado en la misma, además se le negó el acceso a las grabaciones de la citada sesión tras asegurarle que era reservada. Aunque esta queja viene andando desde 2016, el proceso contra el exmagistrado Pretelt siguió su camino. Después de que Bedoya presentara la acusación, el Congreso resolvió llamar a juicio al jurista y el caso entonces pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia donde, en diciembre del año pasado, fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Abelardo de la Espriella apeló esta decisión. 

Mientras avanza la segunda instancia para el exmagistrado, la Corte Constitucional tiene ahora la tarea de definir quién debe estudiar el episodio de la queja disciplinaria en contra de Bedoya, una arista de la historia de Jorge Pretelt en los estrados judiciales.

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Redacción Judicial

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