Corte Constitucional estudiará demanda de Red Papaz que pide tumbar la cadena perpetua

Red Papaz, organización social que reúne a madres y padres de familia de todo el país, le pidió a la Corte Constitucional que tumbe la cadena perpetua para violadores de niños. Su directora, la abogada Carolina Piñeros, interpuso una demanda de inconstitucionalidad que acaba de ser admitida para estudio en el alto tribunal y en ella expone que castigar con cárcel de por vida a quienes violenten sexualmente a menores, como decidió el Congreso, “se opone a las recomendaciones internacionales sobre la materia y puede conducir a un mayor nivel de impunidad”.

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Piñeros y Red Papaz tienen un amplio recorrido en prevención de la violencia sexual contra menores de edad. “Con fundamento en esta experiencia, así como en el compromiso indeclinable de proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, debo manifestar que la incorporación de la cadena perpetua dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en lugar de avanzar en la protección integral de la niñez y a la adolescencia frente a delitos contra la vida, la libertad y formación sexuales, supone un auténtico retroceso en este objetivo”, escribió la abogada en la demanda.

Desde su organización, por ejemplo, crearon Te Protejo una línea virtual para reportar situaciones que afectan los derechos de infantes y adolescentes, como el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Desde allí, han trabajado de la mano de la Policía, han recibido apoyo de la ONU, y desde 2012 han recibido y tramitado efectivamente 82.952 reportes. Todo esto, dicen, “nos permite afirmar que no se puede so pretexto de combatir conductas punibles, sustituir principios fundantes de nuestra democracia como los derechos a la Libertad y Respeto a la Dignidad Humana”.

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La organización se opone a la cadena perpetua, principalmente, por dos argumentos. Por un lado, porque consideran que el Congreso sobrepasó los poderes que tiene para reformar la Constitución. Y, por otro, dicen que, el Acto Legislativo 01 de 2020, la norma que creó la cadena perpetua, está desconociendo y sustituyendo lo que dice la carta política, lo que sería inconstitucional. Así, piden tumbar por completo la norma y, en su lugar, ordenar “que el Estado adopte medidas que se apoyen en el interés superior de niñas, niños y adolescentes y procuren su protección integral”.

Según parafrasea de sentencias previas que cita Piñeros en la demanda, la Corte Constitucional ha sostenido que, “el Estado no puede utilizar al delincuente para crear temor, comoquiera que esto implica una invasión a la órbita interna de la persona, y es una agresión innecesaria y poco útil”. Y, en este caso ese es el fin: asegurarse de que, sabiendo que podrían enfrentarse al castigo máximo, la gente no cometa la conducta sancionada. “Sin embargo, esta sanción debe tener un carácter necesariamente reformador, que les permita resocializar y de forma autónoma respetar los derechos de los demás así como las normas de convivencia”, dicen más adelante.

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Y continúan: “Debido a que la pena de prisión perpetua parte del supuesto de que la persona no puede ser rehabilitada ni resocializada, y por ende debe mantenerse apartada de la sociedad, anula completamente la capacidad de la persona de actuar de acuerdo con sus propios principios, sin ser determinado causalmente por otro, o sin que esas actuaciones sean impuestas por un tercero”. Además, aseguran que diversos tratados internacionales y jurisprudencia de órganos a los que Colombia reconoce, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han prohibido la cadena perpetua.

Esta demanda pasará ahora a ser estudiada en el despacho del magistrado Alejandro Linares y se suma a una cascada de acciones que piden declarar inconstitucional la cadena perpetua, como las presentadas por la Comisión Colombiana de Juristas en compañía de los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras y Angela María Robledo; del grupo de Investigación “Red Internacional de Política Criminal Sistémica” de la Universidad Nacional; del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana; y de Sebastián Sánchez, Andrés Sánchez , Germán Calderón España.