Corte Constitucional evaluará derecho a la libertad de expresión redes sociales

Representantes de Google y Facebook fueron citados para la audiencia el próximo 28 de febrero. La Corte seleccionó tres tutelas en las que “se enfrentan los derechos a la libertad de expresión respecto del buen nombre, honra, intimidad e imagen de las personas”.

La audiencia pública buscará responder cómo garantizar los derechos fundamentales que involucran las redes sociales.Pixabay.

La Corte Constitucional programó, para el 28 de febrero, una audiencia pública sobre los derechos en redes sociales. La audiencia buscará responder una pregunta, explicó la magistrada Gloria Stella Ortiz: “¿Cómo las plataformas de información pueden tocar derechos fundamentales y cómo garantizar, al mismo tiempo, los derechos fundamentales que ellas involucran?”.

Así las cosas, la audiencia girará en torno al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el uso de las plataformas digitales; control y responsabilidad en las publicaciones hechas por los usuarios y el tratamiento de los datos personales, y la autorregulación en el uso de las plataformas digitales, a partir del uso del lenguaje y las imágenes.

Entre las preguntas que buscará responder esta convocatoria del alto tribunal están: ¿es válido denunciar delitos a través de redes sociales?, ¿cuál es el límite para manifestar ideas u opiniones?, ¿ampara la libertad de expresión los discursos de odio, discriminación de cualquier tipo y el negacionismo?, ¿cómo se ejerce el control sobre una plataforma digital? y ¿cuál sería una alternativa pedagógica para corregir las agresiones en las redes sociales?

(Lea aquí: Los riesgos de regular las redes sociales).

En redes sociales tenemos a quienes defienden la posibilidad de publicar cualquier información (por los derechos a la libertad de expresión, la libertad de la información y el libre desarrollo de la personalidad). Quienes se sienten afectados pueden decir que les desconocen el buen nombre, el derecho a la intimidad y a la dignidad. Por eso, el juez debe armonizar los derechos en juego”, expresó la magistrada Ortiz.

Para esta audiencia, la Corte Constitucional seleccionó tres tutelas en concreto. En las situaciones analizadas se utilizaron las redes sociales para atacar a distintas personas. “En los casos acumulados”, dice el auto en el que se convocó a la audiencia pública, “se enfrentan los derechos a la libertad de expresión respecto del buen nombre, honra, intimidad e imagen de las personas que son agredidas en las redes sociales”.

El primer caso ocurrió el 11 de septiembre de 2017, cuando una mujer publicó en Facebook una imagen de otra mujer, en la que escribió: “Favor difundir es una estafadora profesional y se mete a los clubes a robar a la gente”. La foto, a modo collage, fue replicada por otras personas en la misma red social. La afectada presentó una acción de tutela en la que pedía que se retiraran las imágenes y que hubiera una “publicación tendiente a reparar el daño”.

(También: Justicia por mano propia en tiempos de redes sociales).

La tutela presentada por el administrador de una unidad residencial contra una mujer y su hijo, dueños de un apartamento en el conjunto, es el segundo caso. Los días 26 de agosto, 8 y 27 de septiembre y 2 y 3 de octubre de 2017, la mujer publicó una foto del administrador en Facebook, acompañada de una frase en la que afirmaba que “es un ladrón de unidades residenciales en la ciudad de Medellín. Pilas, busca cómplices en los consejos de administración para desfalcar a los copropietarios”. El administrador pidió que se eliminaran las publicaciones y que hubiera una retractación.

Por último, se trata del caso de un hombre que publicó en Facebook y Youtube mensajes en los que calificaba de “ratero, mafioso y corrupto” a un empleado de Sayco. Según el afectado, estas publicaciones desconocieron “sus derechos fundamentales al buen nombre, a la dignidad y a la intimidad, pues no solo se le está atacando en su calidad de miembro de Sayco, sino además de su condición de notario primero de Santa Marta”.

Uno de los detalles resaltados por la magistrada Ortiz es que Google y Facebook han manifestado su interés en enviar representantes a la audiencia pública. Entre los convocados también están el procurador Fernando Carrrillo; el fiscal Néstor Humberto Martínez; la defensora delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales, Paula Robledo; el director ejecutivo de la FLIP, Pedro Vaca; la directora de la Fundación Karisma, Carolina Botero, y la directora de Dejusticia, Vivian Newman.

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Redacción Judicial

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