Corte Constitucional le ordenó al Gobierno modificar política carcelaria

Para la Corte Constitucional es evidente que la política carcelaria en Colombia ha fracasado, pese a los fallos que le han pedido al Gobierno garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, la restructuración administrativa y corregir las fallas estructurales la crisis penitenciaria continúa.

Debido a esto, el alto tribunal le ordenó al Gobierno modificar la política carcelaria en Colombia puesto que esta ha sido “reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad". Debido a esto se considera que es mejor cambiar todo de raíz para solucionar todos los problemas.

La Corte Constitucional dio instrucciones precisas para que la Procuraduría General, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) presenten un plan de acción para solucionar las graves problemáticas que se presentan en los centros penitenciarios y carcelarios en Colombia.

“La política criminal actual es incoherente e impacta negativamente en las posibilidades de coordinación armónica de las instancias estatales involucradas. Se evaluó la precariedad de los diseños institucionales que, por ejemplo, permiten a múltiples organismos tener iniciativa en la formulación de política criminal, sin la más mínima instancia de coordinación”, señala uno de los apartes del fallo.

Uno de los puntos más sensibles de la decisión hace referencia a buscar otras alternativas a las medidas privativas de la libertad en centros carcelarios puesto que está mentalidad lo único que ha generado hacinamiento carcelario, lo que conlleva a fallas en los programas de salud y alimentación para los presos.

Tras varios intentos la solución no parece cercana, por el contrario, cada día son más las denuncias y quejas de la población carcelaria. La Corte Constitucional exhortó al Congreso presentar ante el Consejo Superior de Política Criminal una propuesta que reforme la Constitución o la ley dirigida a mejor el sistema de justicia penal en Colombia.