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En 27 años de funcionamiento, a la Corte Constitucional han llegado siete millones de tutelas. Aunque son diversos los temas que se han tocado, el alto tribunal les metió los dientes a cuatro luego de encontrar en ellos una profunda falla institucional: la crisis carcelaria, el desplazamiento forzado, el sistema de salud y la grave situación humanitaria que viven las comunidades wayuus en La Guajira. Por eso, la Corte decidió hacer un seguimiento a sus sentencias y dar órdenes estructurales para superar esos atrasos, vigilar los avances, identificar los problemas específicos y fijar metas a corto y largo plazo, entre otros objetivos.
El ejemplo reconocido es la sentencia T-025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, al estudiar 108 peticiones presentadas por 1.150 familias. En el 2009 se creó una Sala de Seguimiento que ha vigilado temas claves como la ayuda humanitaria de emergencia, la atención en salud y la protección a comunidades, y ha buscado la coordinación entre instituciones para el manejo de información y del presupuesto. Ahora, la Corte Constitucional decidió hacer una nueva revisión de estas sentencias estructurales.
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La idea es definir los retos en materia de política pública para superar lo que todavía funciona mal, luego de evaluar los avances logrados. Además, la propia Corte quiere evaluar qué modelo de seguimiento funciona mejor, ya que las cuatro sentencias tienen uno diferente. En materia de desplazados y salud hay una sala propia dentro de la Corte, en cárceles hay un grupo líder y en el caso de La Guajira se trata más de una vigilancia. “El día que se acaben los problemas de cárceles, salud y desplazados no vamos a necesitar salas. Pero mientras subsistan esas violaciones masivas de derechos humanos, el rol de la Corte es importante”, dijo a El Espectador su presidente, magistrado Alejandro Linares.
En cuanto al desplazamiento, la Corte estableció que, entre los años 2000 y 2002, se desplazaron en promedio más de 670.000 personas, siendo la época más crítica. “El promedio anual durante 2009 y 2014 se mantuvo en 480.000 víctimas, cifras que presentaron un importante descenso durante 2015 y 2017, período en el cual el promedio se sitúa en 154.000 personas”, señaló la Corte en un auto que convoca a audiencia para el 29 de noviembre próximo. El documento señala que, si bien el desplazamiento ya no tiene la misma magnitud que hace 14 años, los riesgos se han transformado en las regiones.
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El alto tribunal indica que, entre el 2015 y el 2018, el desplazamiento forzado disminuyó, “pero los desplazamientos masivos registran un aumento constante”. La Defensoría, cita el alto tribunal, ha alertado porque en los territorios históricamente afectados por el conflicto hay nuevos factores de victimización: más desplazamientos, restricciones de movilidad o la imposibilidad de retornar o reubicarse. Además se acreditó un avance vital en materia de restitución de tierras y demoras en protección y vivienda. Pero desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, la Sala no ha tomado decisiones de fondo, sino que se ha pedido información para que el Gobierno de turno explique cómo se articulará la implementación del Acuerdo con la política actual para atender el desplazamiento.
En la audiencia se explicarán además los factores actuales de violencia en las regiones. Y se citó a cuatro líderes para que expliquen sus realidades. Uno por el Catatumbo, región que reporta 23 desplazamientos masivos entre enero y agosto; otro por Medellín, que registra cinco desplazamientos intraurbanos en 2017; otro por el litoral del San Juan (Chocó), que ha sufrido restricciones a la movilidad y desplazamientos hacia Buenaventura, y uno más por Tumaco, dado que la Corte ordenó en 2017 tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades afros e indígenas.
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La Corte citó a otra audiencia el 6 de diciembre por la sentencia T-760 de 2008 que es, en pocas palabras, una evidencia de la violación generalizada del derecho a la salud en el país debido a las fallas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El fallo, que tiene una Sala de Seguimiento desde el 2009, emitió 16 órdenes estructurales para remediar la situación que se centran en garantizar que todos los colombianos tengan acceso a la salud, actualizar el entonces Plan Obligatorio de Salud, hacer un registro de los servicios que las EPS niegan a pacientes, crear un ranquin de EPS e IPS, unificar los POS para los regímenes subsidiado y contributivo, y crear un mecanismo para autorizar de manera directa los medicamentos sin tanto trámite.
El otro aspecto clave del fallo tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sector salud y los recobros, tema sobre el cual la Corte declaró un bajo cumplimiento debido a la existencia de prácticas fraudulentas. En la audiencia, el Gobierno tendrá que exponer qué se necesita para que haya una cobertura universal en salud, las especialidades en las que hay más barreras, la justificación para no incluir ciertos servicios en el plan de beneficios y las necesidades presupuestales. Además, diversas entidades expondrán las principales trabas que hoy tienen los pacientes, así como los avances de las diferentes investigaciones.
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Desde la Corte se explicó a El Espectador que con la información que se recoja en las audiencias se estudiará cómo será la mejor manera de continuar con estos seguimientos. El 25 de octubre se realizó la audiencia sobre la situación carcelaria y días atrás se hizo una visita a La Guajira. Eso sí, por ahora es claro que la Corte mantendrá esta vigilancia porque todavía no están dadas las condiciones para levantar los estados de cosas inconstitucionales por completo, en ninguno de los cuatro casos.