Condenados en primera instancia seguirán inhabilitados para contratar con el Estado

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En decisión unánime, la Corte Constitucional rechazó las pretensiones de una demanda que decía que esa inhabilidad vulneraba la presunción de inocencia y solo podía aplicarse a personas con condena en firme.

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó una disposición legal que impide, a modo de prevención, que las personas que han sido condenadas en primera instancia por un juez penal por actos contra la administración pública puedan contratar con el Estado. El alto tribunal desestimó una demanda que aseguraba que esta inhabilidad, que se extiende a las sociedades de las que hagan parte dichas personas, vulneraba la presunción de inocencia.

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La demanda fue presentada por la firma Moncada Abogados que cuestionaba el Estatuto General de Contratación, Ley 80 de 1993, y sus modificaciones, asegurando que la inhabilidad preventiva desconocía no solo la presunción de inocencia sino lo que se entiende por inhabilidad como tal, considerándola casi una medida cautelar. “La función o naturaleza jurídica de una inhabilidad no puede se preventiva, sino que una vez ocurrida una situación de hecho o de derecho específica, genere o produzca de manera inmediata unos efectos. Una nueva función de una inhabilidad (...) desconoce la presunción de inocencia y la naturaleza propia de la institución jurídica”, señalaban.

Con votación 9-0 y con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó dichos argumentos asegurando que la inhabilidad que resulta de una condena penal que todavía no está en firme no afecta la presunción de inocencia, bajo el entendido de que es una medida preventiva y, por tanto, transitoria. Fuentes del alto tribunal explicaron a este diario que la medida tiene como “finalidad garantizar los principios de moralidad e imparcialidad, la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio público y la moral administrativa y constituye instrumento idóneo de lucha contra la corrupción conforme a los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano”.

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En este caso, la Contraloría señaló que la inhabilidad temporal es necesaria. “La norma demandada no regula un procedimiento disciplinario o penal o consagra una sanción como inhabilidad para contratar con el Estado, sino que por motivos de protección del patrimonio público consagra como requisito habilitante de contratación, que las personas naturales no hayan sido declaradas judicialmente como responsables de delitos contra la administración pública o de aquellas faltas consagradas en la Ley 1474 de 2011 -por la cual se expide el estatuto anticorrupción-, como un mecanismo preventivo de tutela del patrimonio público involucrado en los contratos estatales”.

Según el organismo de control, bajo ningún caso se vulnera la presunción de inocencia porque “la naturaleza preventiva de la inhabilidad para contratar con el Estado surge solo a partir de la existencia de un pronunciamiento judicial en primera instancia, resultando eficiente y proporcional para la protección del interés general, manifestado en el resguardo del patrimonio público que se ve involucrado en los contratos estatales”. En el mismo sentido se pronunció en el caso la Procuraduría.

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“Es cierto, en efecto, que la garantía de la presunción de inocencia se aplica en el marco del proceso penal hasta la ejecutoria de la sentencia que decide la impugnación, pero de ahí no se sigue que en el régimen de inhabilidades se aplique el mismo estándar. Menos si lo que busca el legislador con la inhabilidad demandada es proteger la función pública y los valores superiores, los fines de la organización estatal y los principios de la función administrativa en materia de contratación estatal, al considerar que la existencia de una condena, aun sin firmeza, en relación con delitos contra la Administración pública”, señaló el Ministerio Público.

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