Corte Constitucional: no hubo persecución de Avianca a miembro del sindicato de pilotos

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Se trata de la capitana Diana María Martínez Rubio, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). El alto tribunal también señaló que el Ministerio de Trabajo tampoco violó el derecho a la asociación sindical de la piloto.

El 21 de junio de 2018 terminó el contrato de Diana María Martínez Rubio, piloto de Avianca e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). La decisión fue tomada por la aerolínea luego de un proceso disciplinario en el que la mujer fue investigada por su participación y liderazgo en el cese de actividades que realizaron algunos pilotos de la aerolínea entre septiembre y noviembre de 2017. Martínez Rubio, según la empresa, no se presentó a los vuelos programados el 5 y 6 de noviembre de ese año y no contaba con permisos para ausentarse.

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La capitana Martínez Rubio presentó una tutela el 25 de octubre de 2018 ante un juzgado administrativo, el cual amparó en primera instancia los derechos fundamentales al debido proceso y a la condición de madre cabeza de familia de la mujer y ordenó reintegrar a la piloto al cargo que venía desempeñando al momento del despido. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia. 

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En septiembre de 2017, Acdac convocó a huelga con el fin de que Avianca mejorara sus condiciones laborales en varios puntos, que iban desde una reducción de la jornada laboral de 40 horas mensuales, hasta un incremento salarial del 50% para quedar nivelados con el sueldo de los pilotos de los otros países en los que opera la aerolínea. Para Avianca las peticiones de los pilotos eran inconcebibles, pues estimaron que el pliego de peticiones sumaba más de US$200 millones. Una suma considerable para una empresa cuyas utilidades netas alcanzaron US$22 millones en el primer semestre de 2017.

Ahora, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en una decisión unánime, confirmó parcialmente la decisión del Tribunal, pues declaró improcedente la tutela presentada por la piloto Martínez Rubio contra el Ministerio del Trabajo y Avianca respecto de los derechos al debido proceso, a la salud, al trabajo y el mínimo vital. La Sala concluyó que la vía ordinaria laboral era el mecanismo idóneo y eficaz para resolver las pretensiones de la la capitana sobre la legalidad del despido. 

“La valoración de la existencia de una justa causa o no para terminar el contrato de trabajo es una competencia propia del juez laboral. Para la Sala, en la decisión de improcedencia, no existió un perjuicio irremediable que justificará un amparo transitorio, pues el derecho al mínimo vital no se afectó y tampoco logró probar los requisitos jurisprudenciales y legales para ser considerada como madre cabeza de familia”, señaló la Corte Constitucional.

La Sala señaló que Avianca y el Ministerio del Trabajo no vulneraron el derecho de asociación sindical en su dimensión individual, pues no se probó que las facultades legales del empleador fueran utilizadas como instrumento de persecución sindical y tampoco se acreditó la omisión en cabeza del Ministerio.

La Corte dice que para ordenar el despido de Martínez Rubio Avianca se basó en las decisiones Tribunal Superior de Bogotá y  la Corte Suprema de Justicia, quienes declararon la huelga como ilegal. Durante el proceso disciplinario iniciado por la aerolínea  en contra de la capitana, ella aseguró que “goza de permiso sindical permanente por lo cual cualquier asignación de vuelo, simulador, escuela, deberá ser debidamente notificada por nota o telefónicamente”. Alegó que sus asignaciones, en razón de su permiso sindical permanente, se coordinan“de común acuerdo (…) para no afectar su agenda internacional”.  

Martínez Rubio también señaló que “Avianca desbordó su facultad disciplinaria, entorpeciendo el debido proceso de los pilotos sindicalizados, al citar a procesos disciplinarios simultáneos; el cese de actividades se efectuó de buena fe, pues los trabajadores afiliados al sindicato creían actuar en ejercicio de su derecho a la huelga; el Ministerio del Trabajo no verificó las circunstancias individuales de tiempo, modo y lugar en las que la capitana participó en el cese de actividades;”, entre otros argumentos. 
 

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