La Corte Constitucional le ordenó en un plazo de tres meses al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia adelantar todas las acciones destinadas a garantizar las condiciones laborales del personal de vigilancia y todos los trabajadores de los centros carcelarios en el país.
El llamado de atención se debe a los índices de hacinamiento que se presentan en la mayoría de las cárceles, situación que pone en riesgo la integridad de los trabajadores y funcionarios. El alto tribunal tuvo en cuenta la desproporción que existe entre reclusos y vigilantes.
En este sentido se indica que las condiciones de los trabajadores de Cuerpo de Custodia y Vigilancia no son las más óptimas. “Las propias condiciones de hacinamiento propician los conflictos entre los internos, y de otra parte, resulta fácilmente imposible para los funcionarios asegurar el control de una población carcelaria”.
El pronunciamiento se hace tras revisar el caso de la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia) frente a la gran diferencia entre el personal de vigilancia y los presos. En este centro en puntual se tiene un vigilante por cada siete internos, alertando que hay vacantes actuales que no han sido resueltos por las directivas.
“Preocupa, además, en la red de derechos y deberes que se tejen entre el Estado, sus funcionarios y los internos, las consecuencias que la situación descrita genere en la calidad del trabajo desempeñado por el personal de vigilancia y custodia del EPC La Paz, especialmente, en lo que respecta a su deber de prodigar un trato digno y decente a todos los internos”, precisa uno de los apartes de la decisión.
Para el alto tribunal la situación de la cárcel en mención va en contravía de las garantías al derecho al trabajo, teniendo en cuenta que los vigilantes que están tienen que doblar su turno de trabajo para suplir las necesidades.