Corte Constitucional pide a Presidencia más acciones frente a crisis carcelaria

El alto tribunal alertó por una falta de coordinación estatal ante el hacinamiento y la atención en salud de los internos, y pidió la creación de una política criminal coherente.

La Corte Constitucional alertó, una vez más, por la situación de las cárceles del país.EFE

“La gravedad de la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad está vigente y no da espera”. Con esta frase la Corte Constitucional alertó, una vez más, por la situación de las cárceles del país por hacinamiento, infraestructura, atención en salud y alimentación. El alto tribunal llamó la atención sobre la falta de acciones que busquen resolver este problema a largo plazo.

Y es que la crisis carcelaria ha estado en la lupa de la Corte Constitucional desde que declaró por primera vez, en 1998, la existencia de una falla estructural de las instituciones al respecto. Luego, lo hizo dos veces más, en 2013 y 2015, destacando que la política criminal colombiana ha sido populista, incoherente y reactiva. Por eso, desde 2015 se creó un “Grupo Líder” para tomar medidas en el asunto, en el que tienen silla la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y el Departamento Administrativo de la Presidencia.

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Pero, luego de recibir tres informes de ese grupo, la Corte Constitucional no está conforme. Primero, porque no hay unos indicadores claros para hacer seguimiento a la crisis y porque hay dispersión de información. “El proceso de seguimiento no logra acreditar los avances, rezagos o retrocesos en materia de protección efectiva de derechos”, dijo la Corte. Además, cuestionó la labor de la Presidencia por no tomar un rol más activo.

“En un escenario de desarticulación de los esfuerzos institucionales, como el actual, se espera que los avances hacia la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales sean, en parte, producto de la coordinación y la articulación de la Presidencia como el más alto nivel del poder de ejecución del Estado, no como verificador desinteresado. Le compete, por tanto, emitir las directrices necesarias para concretar una política criminal cada vez más respetuosa de los derechos fundamentales”, advierte la decisión.  

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En auto de 102 páginas, el alto tribunal dice que los roles de la Defensoría y de la Procuraduría no son equiparables al del Presidencia, porque su labor es apenas de acompañamiento y no de ejecución. “La ejecución de la política es, y será, responsabilidad del Gobierno Nacional”, dijo la Corte. La Defensoría, por ejemplo, señaló que persiste el hacinamiento, los problemas de los programas de resocialización y alertó por una deficiencia en la atención en salud. Además, la Defensoría denunció que el Inpec ha impedido o retrasado el ingreso de sus funcionarios a las cárceles.

Ante esto, la Corte ordenó hacer una base de datos y un sistema de información sobre política criminal y definir los indicadores de goce efectivo de derechos de la población carcelaria en materia de resocialización, infraestructura, la alimentación, el derecho a la salud, los servicios públicos domiciliarios y el acceso a la justicia. Y estableció que ahora los informes del Gobierno Nacional sobre la situación carcelaria deberán ser publicados en internet para que sean de fácil acceso.