Corte Constitucional protege derecho a la educación de comunidad indígena

Dos madres de familia aseguraron que sus hijos tenían dificultades para llegar al centro etnoeducativo más cercano por estar ubicado a más de diez kilómetros de su comunidad ubicada en La Guajira, lo que representa un riego para los menores de edad.  

La tutela pedía la protección de los derechos fundamentales y la autorización de crear un Aula Satélite destinada para la comunidad. Cortesía.

La Corte Constitucional amparó el derecho a la educación de los menores de edad de la comunidad indígena Jamichimana, ubicada en La Guajira. Lo hizo al confirmar el fallo emitido por el Tribunal Superior de Riohacha, el 16 de febrero del año pasado, que estudio una tutela de Yakelin Ipuna Epinayui y María del Carmen González Pushaina, madres de familia y miembros de la comunidad.

La tutela, radicada contra el Ministerio de Educación Nacional, la Administradora Temporal del Sector Educativo del departamento de la Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Uribia y Maicao, pedía la protección de los derechos fundamentales y la autorización de crear un Aula Satélite destinada para la comunidad.

(Le podría interesar: Este jueves se celebró el primer Día Internacional de la Educación)

Las demandantes argumentaron que es una comunidad ancestral indígena apartada de zonas escolares y ubicada a más de diez kilómetros del centro etnoeducativo más cercano, lo que representa un riesgo para los menores en cuanto las vías. En época de lluvias, estas se vuelven lodosas y pantanosas, sumado a los animales salvajes, especialmente las serpientes cascabeles, que rondan el área y representan un riesgo para los niños y niñas.

Igualmente, manifestaron su preocupación por la deserción estudiantil como respuesta a las difíciles condiciones para asistir a clases y la discriminación de otros estudiantes con los niños indígenas. La situación llevó a las accionantes a afirmar que, de no habilitarse el aula satélite, no existe ninguna otra opción para recibir clases.

(Lea también: Pueblos indígenas del Chocó declaran emergencia educativa en todo el departamento)

En respuesta, la Administradora se pronunció el 24 de diciembre de 2017 y resolvió, mediante resolución 869, “no aprobar la solicitud de legalización del aula satelital denominada aula Jamichimana”. La entidad explicó que no se contaba con los requisitos mínimos para el aula satélite y la existencia de un centro etnoeducativo legalizado.

Sin embargo, la Administradora suscribió un contrato de transporte para los niños de la comunidad y el centro etnoeducativo cuenta con una estrategia de alimentación escolar para los 36 estudiantes pertenecientes a la comunidad.

Respecto a la educación de los niños indígenas, la Corte Constitucional resaltó el derecho a acceder a una educación integral a través de la corresponsabilidad entre la comunidad indígena, la familia y el Estado. En ese sentido, llamó la atención a las tutelantes, en su condición de madres de familia, por su responsabilidad en el desarrollo integral de los menores y por la deserción escolar.

(Le sugerimos: El 30% de los indígenas sin educación formal)

Aunque reconoció las actuaciones de la Administradora frente a la garantía de este derecho fundamental, advirtió el cumplimiento ininterrumpido de las obligaciones en materia de educación. De esta manera, la Corte confirmó el fallo respecto a la protección del derecho a la educación de los menores de edad y advirtió a la Administradora, al Distrito de Riohacha y los municipios de Uribia y Maicao, el cumplimiento ininterrumpido de sus obligaciones, en especial el transporte y la alimentación a los menores de la comunidad, así como garantizar su derecho a la educación integral.

841133

2019-02-21T18:02:06-05:00

article

2019-02-21T18:10:15-05:00

none

Redacción Judicial

Judicial

Corte Constitucional protege derecho a la educación de comunidad indígena

75

4141

4216